El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Gasteiz fue escenario ayer de la vista para resolver la demanda presentada por un receptor de la RGI contra Lanbide, para reclamar el incremento de esa ayuda desde enero hasta abril de 2017.

El abogado de Argilan Iñaki Carro expuso que esas ayudas «han estado siempre, por ley, vinculadas al Salario Mínimo Interprofesional» y, por ello, cuando en diciembre de 2016 el Gobierno del PP aplicó una subida del 8% al SMI, Lanbide debía haber extendido ese incremento a la RGI, pero no lo hizo.

Recordó que finalmente en abril de este año el Parlamento de Gasteiz decidió desvincular esa prestación del referente del SMI, decisión que para los colectivos sociales «fue un error». En cualquier caso, afirmó el letrado, Lanbide debería haber abonado ese aumento a quienes recibieron la RGI en el primer trimestre del año.

A juicio de Carro, los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos tienen derecho a ese incremento del 8% en tres meses y por ello presentó una primera demanda que ayer se vio en un juzgado de Gasteiz, convencido de que será favorable a su cliente y que deberá hacer a Lanbide cambiar su criterio, para evitar la judicialización de las reclamaciones de todo el resto de perceptores de esa ayuda.

El abogado participó en una concentración convocada por colectivos como Argilan, Berri Otxoak, SOS Racismo Bizkaia y PAH Bizkaia-Kaleratzerik Ez!, ante los juzgados de Bilbo, en paralelo al desarrollo del juicio en Gasteiz, el primero de seis demandas inicialmente para testar el criterio de los tribunales.

Según expuso, las prestaciones que gestiona Lanbide han estado vinculadas al SMI, «desde la lógica de que esa ayuda en muchos casos sirve para complementar los ingresos de personas que están trabajando». De resultar favorable a sus intereses este primer procedimiento, Lakua debería abonar lo que ha dejado de pagar a cada uno de los perceptores que lo solicitara, evitando el resto de demandas que bloquearían los juzgados.