Elkarrekin Podemos ha llevado a la Cámara de Gasteiz una iniciativa sobre la situación en la que trabaja la Administración de Justicia relacionada con las violencias machistas y ha acordado con todos los grupos parlamentarios u texto en el piden al Gobierno de Iñigo Urkullu que siga aplicando, «de forma efectiva y real, el principio de igualdad y no discriminación, así como la perspectiva de género», en las políticas de la Viceconsejería de Justicia del Departamento de Trabajo y Justicia.

Con el voto positivo de todos los partidos, el Parlamento ha solicitado al Ejecutivo de Lakua que siga realizando –como establece la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en su artículo 51.2– periódicamente la evaluación de la eficacia y alcance de los recursos y programas existentes en la CAV en materia de violencia contra las mujeres, «con medios propios o bien en colaboración con otras entidades».

Además, le pide que elabore un plan de implementación de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones realizadas para que la Administración de Justicia «mejore» aquellos aspectos que se identifican como necesarios en la evaluación realizada de los recursos judiciales para «mejorar y asegurar» el acceso a la justicia de mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias machistas para «asegurar la no revictimización secundaria de las mismas».

También le insta a seguir contando con la participación de agentes sociales, personas expertas y organizaciones sociales con experiencia reconocida en el trabajo con violencia machistas y en la Administración de Justicia, así como los colegios profesionales de abogacía y procuraduría para elaborar estudios y propuestas, y a colaborar con todas las instituciones implicadas con el Pacto del Estado español contra la violencia de género e implantar las medidas en él contenidas en los ámbitos en los que es competente.

Medios «insuficientes»

Durante el debate, la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Eukene Arana ha criticado la situación en la que trabaja la Administración de Justicia en relación con la violencia contra las mujeres, con medios y especialización que considera «insuficientes para dar respuesta adecuada a las víctimas».

Según ha explicado, las mujeres que acuden a denunciar deben esperar con otras denunciantes en las misma sala, también con sus hijos, y ha criticado que como no tienen un lugar para estar con sus letrados, deben contar allí mismo su situación, con el resto de mujeres e hijos delante, lo que provoca que muchas se echen a llorar y se «contagien» con las emociones del resto.

Asimismo, ha explicado que han aceptado firmar el texto aprobado en el que se insta a «seguir aplicando» las medidas actuales porque quieren «dar una oportunidad» al Gobierno de Lakua, ya que «los hechos y testimonios dicen que no se está haciendo mucho». «Les damos un voto de confianza», ha insistido.

Desde EH Bildu, Jone Goirizelaia ha explicado que por su trabajo como abogada, ve ‘in situ’ las situaciones a las que se ven abocadas las jóvenes que van a denunciar, que tienen que hacerlo en un lugar «inadecuado» y ha pedido que en los palacios de justicia se pongan en marcha medidas «para satisfacer las necesidades de las víctimas».

«Recientemente me ha tocado ir con una mujer desde 9 de la mañana hasta las nueve de la noche, 12 horas de espera con un niño pequeño para poder recibir asistencia y poder hablar con un juez o jueza. Esto no se puede consentir pero esto pasa y muchas veces», ha criticado.

El parlamentario del PNV Joseba Zorrilla ha criticado que leyendo la iniciativa original de Elkarrekin Podemos se podría pensar que los Juzgados de Violencia de Género «parten de cero» y que a raíz de este texto «se va a poner a trabajar», algo que está «lejos de la realidad».

Según ha explicado, el próximo lunes, una delegación parlamentaria va a visitar el Juzgado de Violencia de Bilbo y quiere visitar otros partidos judiciales mixtos para conocer las situación real y ver «si es caótica como plantea Elkarekin Podemos o si, como reconoció el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, se trata de un problema importante pero no especialmente preocupante».

La parlamentaria del PSE Alexia Castelo ha explicado que le ha resultado «gratificante» acordar este texto con todos los grupos de la Cámara para «pedir a una consejera socialista –María Jesús San José–, que siga haciendo las cosas como las está haciendo».

No obstante, pero ha reconocido que este compromiso de cómo hacer la política debe ir acompañado de las actuaciones necesarias para adaptar los servicios a las nuevas necesidades detectadas o corregir los aspectos para mejora atención y protección. «El Departamento de Trabajo y Justicia tiene en cuenta las recomendaciones que se realizan en la gestión de los servicios y la implementación de las políticas», ha destacado.

El parlamentario del PP Javier Ruiz de Arbulo ha dicho que no comparte la visión «tan crítica» de Elkarrekin Podemos del Departamento de Justicia porque «aunque todo es mejorable» cree que sus críticas son una «falta de respeto a la realidad existente y a los profesionales que en el País Vasco trabajan en este reto tan importante».