Con ese proyecto de ley pretenden cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional español sobre la inconstitucionalidad de determinados artículos de la ley navarra y regular un régimen transitorio para todo el tiempo en el que ha habido un vacío legal, ha agregado.

Aranburu se ha pronunciado en este sentido al ser cuestionado por la socialista Ainhoa Unzu sobre las actuaciones que tiene previsto realizar de cara a solventar la problemática generada con el denominado impuesto de plusvalía a raíz de una reciente sentencia.

El pasado 28 de septiembre se dio a conocer una sentencia del TSJN por el citado impuesto, dando la razón al contribuyente y anulando las liquidaciones por el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana giradas por el Ayuntamiento de Zizur Nagusia.

Unzu ha vuelto a preguntar al Gobierno por este tema, ya que les «inquieta bastante» tanto por los ciudadanos afectados como por la situación de los ayuntamientos que se ven obligados a devolver al contribuyente lo abonado.

Ha recordado que el Parlamento se mostró favorable a la modificación urgente de la Ley de Haciendas Locales, pero todavía no hay noticias al respecto, de ahí su pregunta.

El consejero le ha respondido que el proyecto está terminado y previsiblemente llegará a la Cámara la próxima semana.

A continuación ha recordado que en este tiempo han mantenido reuniones «muy enriquecedoras» con los Ayuntamientos y la FNMC ya que su objetivo no es solo hacer cumplir lo dicho por el TC sino también conocer las iniciativas locales y perfeccionar la propia mecánica del impuesto de plusvalía.

El proyecto de ley va a tener en cuenta los hechos posteriores al 15 de junio para hacer la correspondiente liquidación, para que no haya un vacío legal, según Aranburu, quien ha remarcado que además «va a quedar muy claro que no se puedan gravar plusvalías que no existen».

Además ha comentado que los ayuntamientos podrán ajustar los índices, así como que hay disposiciones transitorias para atacar resoluciones que no sean firmes y si se deriva que hay perjuicios para los ayuntamientos, estos tendrán que evaluarlos y posteriormente adoptar una decisión política.