En la próxima Cumbre Social de líderes europeos, que tendrá lugar el 17 de noviembre en Gotemburgo, está prevista la aprobación del Pilar Europeo de los Derechos Sociales. En esa ciudad se reunirán los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, bajo el auspicio del Gobierno sueco y del Ejecutivo comunitario, para abordar el tema del crecimiento y el empleo justos.

Con compromisos políticos y como guía para los Estados miembros e instituciones de la Unión Europea, el denominado Pilar Social busca reforzar el acervo social comunitario y dar más derechos efectivos a la ciudadanía en materia de empleo, vivienda, educación o servicios sociales, entre otros.

Según comunicó el ministro estonio de Salud y Empleo, Jevgeni Ossinovski, hay unanimidad entre los Estados para apoyar esta declaración. Y quiso destacar que «frente a la globalización, la digitalización y la naturaleza cambiante del trabajo, nuestros sistemas sociales necesitan cambiar para seguir siendo robustos».

El presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, ya advirtió el pasado 13 de setiembre que este documento se debe aprobar en la cumbre de Gotemburgo, a más tardar, «si queremos evitar la fragmentación y el dumping social en Europa».

Por ello, se ha consensuado una declaración que tiene como finalidad dar a las ciudadanas y ciudadanos unos derechos sociales nuevos y más efectivos. Consta de 20 artículos repartidos en tres capítulos y en todos ellos se menciona la expresión «igualdad de oportunidades»: en el trabajo o para la reinserción al mercado laboral, sobre el derecho a una vida digna partiendo de la inclusión social o el acceso a viviendas sociales.

Indicadores sociales

Unos derechos básicos y lógicos que la Unión Europea desea promover conjuntamente con los Estados miembros. Para ello contará con la contribución de las instituciones comunitarias para establecer el marco y señalar el rumbo de la aplicación del pilar legislando cuando sea necesario pero «respetando las competencias de cada Estado y teniendo en cuenta la diversidad de las situaciones», según recoge la propia web de la CE. Así pues, contará con el apoyo de unos indicadores sociales en línea que permitirán hacer un seguimiento de las tendencias.

Todos los principios defienden el derecho a la igualdad, independientemente de su sexo, origen racial o étnico, religión o convicción, discapacidad, edad u orientación sexual. Asimismo, además del derecho a la educación, al trabajo, al mismo salario o el apoyo activo para el empleo, en el segundo capítulo abarca temas como la seguridad –sin tener en cuenta el tipo y la duración del contrato-.

«Deben evitarse las relaciones laborales que den lugar a unas condiciones de trabajo precarias, prohibiendo la utilización abusiva de contratos atípicos», se puede leer en el quinto artículo, incluido en el segundo capítulo. En ese mismo apartado, se defiende el preaviso antes de un despido, así como una resolución de litigios efectiva e imparcial, o el derecho a reparación con indemnización si el despido es injustificado.

El tercer y último apartado habla de la reintegración en el mercado laboral de las personas desempleadas. Profundizan en que las personas en paro tienen derecho a ayudas adecuadas a la activación por parte de los servicios públicos y a prestaciones de desempleo adecuadas que no desincentiven un retorno rápido al trabajo.

Además de unas pensiones de jubilación acordes a las contribuciones –garantizando una renta adecuada–, defiende el derecho de los niños a la protección contra la pobreza, el acceso a viviendas sociales o ayudas a la vivienda de calidad, asistencia y protección frente a un desalojo forzoso o el acceso a servicios esenciales como el agua, el saneamiento, energía, transporte, los servicios financieros y las comunicaciones digitales.