A Osasuna se le reclama una multa de 1,4 millones de euros para saldar su deuda con la Hacienda navarra tras el acuerdo alcanzado este año, después de admitir el delito fiscal cometido por sus anteriores dirigentes y consignar 6,8 millones de euros en junio pasado.

La Fiscalía considera como «circunstancia atenuante la reparación del daño» por parte de los actuales mandatarios del club, presidido por Luis Sabalza desde diciembre de 2014, aunque solicita que Osasuna no pueda recibir subvenciones públicas ni obtener beneficios ni incentivos fiscales durante 45 meses.

La multa de 1,4 millones de euros ya estaba prevista por Osasuna, tras el acuerdo con Hacienda y la consignación del dinero defraudado, y de hecho había sido incluida en el presupuesto de la actual temporada.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Iruñea cerró la instrucción del caso el pasado mes de septiembre y consideró que existen indicios para juzgar a diez exdirectivos y exempleados por delitos fiscal.

Se trata de los expresidentes Patxi Izco y Miguel Archanco, el exgerente Ángel Vizcay, los exdirectivos Juan Antonio Pascual, José Manuel Purroy, Sancho Bandrés, Txuma Peralta y Manolo Ganuza, el excontable Tomás López y el exdirector general José Gómez.

La Fiscalía, según su escrito de calificación, solicita 12 años y 3 meses de prisión para Izco, y una multa de 22 millones de euros.

Asimismo, pide 15 años y 9 mes de prisión para Archanco, y una multa de 25 millones de euros, la misma pena que solicita para los exdirectivos y exempleados Pascual, Purroy, Vizcay, López y Gómez, mientras que para Peralta, Bandrés y Ganuza reclama 8 años de cárcel.