La Presidencia francesa ha decidido finalmente abandonar el proyecto del aeropuerto de Notre-Dame-des-Landes, convertido en un emblema de la lucha medioambiental en el Estado francés y que ha afectado a la vida política del país durante décadas, desde que, en 1965, el prefecto de la región anunciara que se buscaba un nuevo lugar para el aeropuerto de Nantes.

A pesar de los reveses de los activistas en los tribunales, el apoyo de electos regionales al aeropuerto y un referéndum local con resultado a favor (55,16%) en 2016, el primer ministro, Edouard Philippe, anunció el abandono definitivo del «aeropuerto de la división». «La indecisión de los gobiernos sucesivos ha enfrentado a partidarios y opositores», lamentó.

Según Philippe, el actual aeropuerto de Nantes-Atlantique será reformado y modernizado con una prolongación de la pista, como plantearon los mediadores en su informe del pasado 13 de diciembre. La cuestión de si para descongestionar el tráfico aéreo era necesario remodelar el aeropuerto actual (al sur de Nantes) o reubicar la infraestructura en el lugar que ocupan tierras agrícolas y bosques en torno a la localidad de Notre-Dame-des-Landes (unos 20 kilómetros más al norte) se transformó en una cuestión de Estado.

Y, relanzado en 2000, durante la Presidencia de François Hollande, sirvió de ejemplo de sus indecisiones.

Los partidarios de la nueva infraestructura denunciaban las molestias sonoras y los riesgos del aeropuerto próximo a la aglomeración de Nantes (620.000 habitantes).

Sus opositores criticaban una aberración ambiental y un derroche del dinero público. Y el movimiento llevó a algunos de ellos a vivir en esta zona (unas 400 hectáreas de prados, bosques y carreteras) trabajando la tierra y viviendo casi de modo autónomo.

Esta movilización de los «zadistas» – de ZAD («zona de desarrollo diferido» o «zona para ser defendida» para los activistas)– precedió a otras ocupaciones contra proyectos cuestionados de almacenamiento de residuos, transportes e hidrocarburos.

El Gobierno francés se plantea ahora la evacuación del lugar, ocupado, según fuentes policiales, por 150 personas de forma permanente y unas 200 más de forma regular.

El primer ministro afirmó que desea «restablecer rápidamente el Estado de derecho en la zona. Los ocupantes ilegales deberán marcharse de aquí en primavera o serán expulsados».

La decisión desató una explosión de alegría entre los activistas de la ZAD, que abrieron botellas de champán para festejar «una victoria histórica» y se comprometieron a reabrir los accesos, pero rechazaron la expulsión. En cambio electos locales expresaron su enfado por lo que consideran «una traición».