Tras conocer el aplazamiento del pleno de investidura, fuentes del Ejecutivo español han hecho hincapié en que «el respeto a la legalidad y el aplazamiento del pleno» en el que «se iba a investir de manera fraudulenta» al candidato de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, «es la consecuencia obligada de la actuación del Estado de Derecho, tanto por la acción del Gobierno como de los tribunales».

Poco antes de que Torrent anunciara su decisión, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, advertía al presidente del Parlament, Roger Torrent, de las responsabilidades en las que incurriría en caso de que siguiera adelante con el pleno de investidura.