Jordi Sànchez pidió el 12 de enero por escrito al magistrado Pablo Llarena quedar en libertad, un día después de comparecer ante el juez. Unos días más tarde, el 26 de enero, el número dos de Junst per Catalunya (JxCat), le remitió otro escrito insistiendo en su petición de quedar en libertad en el que argumentó que no hay riesgo de reiteración delictiva y que prueba de ello fue la entrada con toda la normalidad de los agentes de la Guardia Civil en la sede de la ANC en Barcelona, el 24 de enero.

Llarena ha rechazado la petición con el argumento de que, además del riesgo de «reiteración delictiva» alegado para ordenar su encarcelamiento provisional, han aparecido en la investigación nuevos elementos que podrían acreditar su participación en hechos delictivos.

En su auto, el juez destaca que durante la investigación se han «añadido nuevos elementos de soporte» que hacen ver que la ANC tuvo un «reparto funcional que podría haber contemplado la movilización ciudadana para forzar al Estado a aceptar la independencia». Añade que existía el «conocimiento de la altísima probabilidad» de que esta congregación de personas «desembocara en actos violentos en defensa de la declaración unilateral de independencia».

Para ello, el magistrado se apoya de nuevo en el documento denominado ‘Enfocats’ incautado por la Guardia Civil, en el que Sànchez aparece como miembro del Comité Ejecutivo del procés, y que prevé «como último recurso generar un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano».

Por otro lado, Llarena esgrime que, a diferencia de otros investigados que quedaron en libertad bajo fianza, existe un «mayor riesgo de reiteración delictiva» porque no ha renunciado a su escaño como diputado de JxCat. «No sólo no ha renunciado a la actividad pública que –desde diversos frentes– ha servido de instrumento para la ejecución de los hechos», apostilla.

«Mantiene su ideario soberanista»

Junto a ello, hace alusión a Carles Puigdemont al recordar que Sànchez es el número dos de las listas que este encabeza. «Ha revalidado su compromiso en una candidatura cuyo líder proclama el objetivo de restablecer la dinámica política que condujo a las actuaciones de las que nacen las responsabilidad que este proceso penal contempla y que desembocó en la aplicación del artículo 1155 de la Constitución Española», indica el auto.

Para el juez instructor, Sànchez «mantiene su ideario soberanista, lo que resulta constitucionalmente válido, pero imposibilita el convencimiento de imposible reiteración delictiva que se tendría respecto de quien profese la ideología contraria». Asimismo, subraya que hay que tener en cuenta la «marcada determinación» con la que Sànchez «ha perseguido la consecución de sus objetivos, lo que se refleja en su impulso de movilizaciones multitudinarias de ciudadanos».

Cita, en ese sentido, «su impulso de movilizaciones multitudinarias de ciudadanos que favorecieron un estallido social, y que específicamente estimularon o asumieron el riesgo de que se expandiera una irreparable reacción violenta contra la convivencia y contra la organización territorial del Estado».