El Gobierno Urkullu presentó ayer un informe de seguimiento de su Plan de Convivencia y Derechos Humanos durante 2017 y lo acompañó de sus propósitos para 2018. Sobre la cuestión pendiente de los presos que hace un mes sacó a la calle de nuevo a 95.000 personas en Bilbo, no hay demasiadas concreciones aunque sí un contexto general de expectativas, especialmente basado en el anuncio de cambios en la política penitenciaria francesa. El documento saluda que «el Gobierno español ha aceptado» esta modificación, si bien no aparece señal alguna de que vaya a secundarlo.

Lakua reitera, como ya hizo el 13 de enero al anunciarse próximos acercamientos a Lannemezan y Mont de Marsan, que «el Gobierno Vasco ha venido trabajando durante el segundo semestre, tanto con el Gobierno español como el Gobierno francés, en el impulso de una nueva política penitenciaria y de reinserción». Y se refiere a la entrega de Iñigo Urkullu a Moncloa, el 19 de julio, de «una ‘Propuesta de acuerdo para compartir una reorientación de la política penitenciaria’ y una ‘Propuesta de criterio para una nueva reubicación de presos/as vascos en centros penitenciarios’».

De cara al 2018 ya en curso, el planteamiento es avanzar por la misma senda: «Promover acuerdos con el Gobierno español, el Gobierno francés y los grupos parlamentarios para favorecer una nueva orientación de la política penitenciaria en materia de acercamiento y respuestas humanitarias, así como para consensuar las bases de un Decreto que permita desarrollar legalmente políticas activas de reinserción social», añade.

Desarme y fin de ETA

Sobre el desarme culminado el 8 de abril pasado con actos en Baiona, en los que Urkullu prefirió no estar, el Ejecutivo destaca la declaración hecha por el lehendakari el mismo día y otra previa del 17 de marzo, y remarca que tanto Lehendakaritza como la Secretaría General de Derechos Humanos «tuvieron una participación activa en tareas de facilitación».

Para 2018, prevé que «muy probablemente se producirá la definitiva desaparición de ETA» y apostilla que «es insoslayable y está abierto el debate sobre la necesidad de una reflexión crítica y explícita sobre la injusticia del daño que causaron el terrorismo y la violencia».

«Asistimos a una transformación en positivo, a un desboqueo paulatino de los principales nudos que atenazaban nuestro escenario de convivencia», resume el documento.