Mientras los pensionistas continúan movilizándose por unas pensiones públicas dignas, el Gobierno de Markel Olano plantea una rebaja fiscal a los superricos de Gipuzkoa, ese 1% del que hablan las ONG que continúa acaparando la riqueza mundial y que es el que pagaba el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas. En un momento de carencias y de pobreza generalizada, ha decidido que dejen de aportar a las arcas públicas 12,9 millones, nada más y nada menos que el 20% de la recaudación de ese impuesto.
Toda la defensa que armó el diputado de Hacienda, Jabier Larrañaga, para justificar semejante ataque a lo público y al más elemental sentido de la justicia, se limitó a señalar que su política se basa en promocionar la actividad económica y en eliminar «obstáculos» a dicha actividad. Parece que, en la visión ultraliberal del diputado de Hacienda, obstáculos para la actividad económica son los impuestos. Siguiendo con esa lógica, también lo serán los convenios colectivos o la regulación sobre seguridad y salud laboral, o cualquier otra norma que limite a los empresarios la posibilidad de hacer lo que les venga en gana en cada momento.
Hablan de políticas sociales y de cohesión, pero la verdadera política social se dirige a hacer más ricos a los superricos. Como Donald Trump. Solo les falta imitar su discurso.

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