«Este caso es un ejemplo de cómo España está aplicando una legislación que ha ampliado de forma desproporcionada los tipos de terrorismo, alejándose de los requisitos de claridad y precisión exigidos por el Derecho Penal y por diversos relatores de Naciones Unidas», subraya Amnistía Internacional (AI) en un comunicado, en el que sostiene que el caso de la trifulca de Altsasu debió seguir un procedimiento penal ordinario.

Y añade al respecto que las «agresiones» denunciadas por los guardias civiles, en un bar de madrugada en fiestas, «son graves» y los afectados «tienen derecho a una investigación judicial», pero «preocupa que la definición ambigua e imprecisa que contiene el Código Penal sobre terrorismo, especialmente tras la reforma realizada en 2015, pueda emplearse para calificar y castigar comportamientos que no tienen una naturaleza terrorista».

Como ejemplo, AI cita el artículo 573 que «incluye un catálogo de delitos de gravedad dispar que se consideran terrorismo si persiguen finalidades como alterar gravemente la paz pública o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones», unas «disposiciones vagas e imprecisas» que «no permiten configurar delitos reconocibles».

En el caso de Altsasu, recuerda que para la mayoría de los procesados se piden más de 50 años de cárcel, para otro más de 12 por una «amenaza verbal» y tres de ellos llevan en prisión preventiva hace más de 500 días cuando «la detención a la espera de juicio debe ser una medida excepcional».