Desde hace meses, el Gobierno escocés y el británico han mantenido negociaciones para consensuar cambios en esta normativa que regulará las competencias comunitarias en materia de agricultura, pesca, política ambiental, justicia y sanidad, pero hasta ahora no ha sido posible lograr un consenso.

Los diputados del Partido Laborista, los Verdes y los Liberal Demócratas (93 en total) rhan respaldado la moción introducida por el SNP, que entienden que la ley británica restringirá los poderes de Holyrood, el Parlamento de Escocia.

Los conservadores (30 votos) han sido la única formación que ha votado en contra y ha culpado al SNP, que lidera la ministra principal, Nicola Sturgeon, de no haber alcanzado un acuerdo con el Ejecutivo británico de Theresa May sobre la devolución de poderes al Parlamento escocés, tras la salida del Reino Unido de la UE, prevista para el 29 de marzo de 2019.

El ministro escocés para el Brexit, Mike Russell, ha señalado ante el Parlamento que la propuesta de acuerdo presentada por el Gobierno británico «no tiene precedentes, es desigual e inaceptable», por lo que recomendó votar en contra de la actual ley.

Durante el debate se ha aceptado una enmienda presentada por los laboristas a favor de llevar a cabo «conversaciones entre los partidos» con el fin de negociar un acuerdo. En este sentido, tanto el Gobierno escocés como el británico han insistido en que «todavía hay posibilidades de hallar un acuerdo», aunque ambas partes admiten que sus posiciones permanecen distanciadas.

Escocia quiere que su consentimiento formal sea necesario

Hasta ahora han pactado que algunas competencias han de tener un marco general que se aplique en toda la isla, pero difieren en quién debería tener la última palabra sobre ellas en el futuro.

El principal argumento que sostiene el SNP es que quiere que se garantice que el Parlamento escocés dará su consentimiento formal a ciertas medidas y no solo será consultado, como propone Londres, que teme que tal exigencia pueda dar a la cámara poder de veto sobre normativas que se aplican en todo el país.

El Gobierno de Gales ya ha pactado con Londres sobre estas competencias y los cambios se han incluido en el proyecto de ley de retirada de la UE, que tendrá su tercera lectura en la Cámara de los Lores mañana, tras lo que pasará de nuevo a los Comunes.

En marzo, los parlamentos regionales de Escocia y Gales aprobaron sus propias leyes del Brexit para evitar así un vacío legal en caso de que no se consiguiera pactar con el Ejecutivobritánico, un paso que el Gobierno de Theresa May ha llevado ante el Tribunal Supremo al considerar que sobrepasa sus competencias.

Si finalmente no es posible lograr un consenso, Westminster tiene potestad para aprobar la ley sin el consentimiento de su homólogo escocés, aunque sería la primera vez que esto suceda desde la creación de la cámara de Edimburgo en 1998.