La portavoz del Ejecutivo, María Solana, ha recordado que «nuestros servicios jurídicos ya se opusieron a la petición de libertad, dada la gravedad que tiene el delito. Los servicios jurídicos del Gobierno de Navarra sostienen además que la calificación del delito de abuso sexual recogida en la sentencia no es para nada acorde con lo ocurrido aquel fatídico 7 de julio y mantenemos por ello la petición de penas por agresión sexual».

Además ha expresado su «protesta más absoluta» por la fitración, ya que «no consideramos de recibo que las partes, y más todavía la propia víctima, hayamos conocido a través de los medios de comunicación un auto que creemos que reincide en el empeño de divorciar la justicia de la sociedad».