La declaración, que será aprobada porque los cuatro grupos tienen mayoría suficiente, considera que el Constitucional «una vez más se enfrenta a la voluntad del Parlamento de Navarra y de la mayoría política y social de Navarra, impidiéndoles adoptar las decisiones oportunas para hacer efectiva la potestad que tiene Navarra a efectos de reconocimiento y reparación de estas víctimas».

Junto a ello, la declaración institucional «denuncia el desamparo en el que esta sentencia sume a las víctimas de motivación políticas provocadas por grupos de extrema derecha y funcionarios públicos, y se compromete a defender los derechos que les asisten y a analizar todas las vías posibles para hacer efectivo su reconocimiento y la reparación debida a las mismas».

Asimismo, solicita al Gobierno navarro a que haga suyo este compromiso y adopte las medidas necesarias a tal fin.

En la exposición de motivos, se destaca que la interposición del recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno del PP «estuvo fundada en criterios políticos, como quedó demostrado el hecho de que la propia delegada del Gobierno en aquel momento, Carmen Alba, y miembros del PP ya anunciaran el posible recurso a los pocos días de haberse aprobado la ley».

Junto a ello, se denuncia que la sentencia niega la posibilidad de crear un organismo independiente para buscar la verdad de los hechos a los que se refiere esta ley y recuerda que, al mismo tiempo, «los propios poderes del Estado han sobreseído los hechos o no han actuado para investigarlos o depurar responsabilidad», por lo que estas vícitmas «quedan absolutamente desamparadas».