El organismo internacional calcula que vincular la revalorización de las pensiones a la inflación de forma permanente añadiría un coste aproximado de entre un 3% y un 4% del PIB al desembolso por pensiones de aquí a 2050, según las previsiones demográficas y macroeconómicas actuales.

Según el FMI, un aumento «de tal magnitud» en el gasto estructural ha de verse "contrarrestado" por otras medidas estructurales y cita, entre ellas, el incremento de la cotización mínima para los trabajadores autónomos y de los ingresos máximos sujetos a cotización, así como vincular directamente la edad legal de jubilación a la esperanza de vida. «Hace falta un paquete de medidas en materia de pensiones que sea sostenible e integral para aliviar las tensiones que aquejan al sistema», reitera.

Asimismo, advierte de que a menos que exista una «correspondencia plena» entre el aumento de ingresos y el gasto adicional previsto, no podrá evitarse una «futura reducción» de las pensiones, por lo que pide al Gobierno de Madrid «transparencia» a fin de que los futuros jubilados puedan tomar decisiones informadas sobre su vida laboral y sus ahorros.

El FMI añade que de cara al futuro, el envejecimiento de la población implica que el sistema de pensiones se enfrentará al reto de que menos cotizantes tendrán que financiar a un número creciente de jubilados. «Las reformas pasadas respondieron con medidas apropiadas desde el punto de vista financiero para aliviar la presión sobre el sistema de pensiones, pero la reducción esperada en las prestaciones futuras ha puesto en tela de juicio la aceptabilidad social de las reformas», admite.

Respuesta de la ministra Valerio

La ministra española de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha querido transmitir tranquilidad al Fondo Monetario Internacional (FMI), puesto que ha asegurado que, a parte de revalorizar las pensiones con el IPC, se van a adoptar también medidas en materia de sostenibilidad social.

Valerio ha defendido que hay que «vincular las pensiones a la subida del IPC para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas», pero también «hablar de financiación del sistema público de pensiones y de la Seguridad Social en general. No podemos actuar solamente en uno de los puntos, tenemos que actuar en los dos».