El Consejo de Gobierno aprobó ayer su proyecto de presupuestos para 2019. Asciende a 11.784,1 millones de euros, que son 297,7 millones más que lo presupuestado para 2018, lo que supone una subida del 2,6%. Sin embargo, el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, destacó que sin tener en cuenta la amortización de la deuda y el efecto de la «Y vasca» y de la Variante Sur Ferroviaria, el incremento a efectos de análisis presupuestario es de 371 millones, un crecimiento del 3,6% sobre este año.

En todo caso, se podía pensar que la subida iba a ser mayor, puesto que el Consejo Vasco de Finanzas determinó que la aportación de las diputaciones forales a las cuentas de la CAV ascendía a 10.155 millones de euros, lo que supone 631,7 millones más que lo determinado para el presupuesto de 2018, es decir, un 6,6% más.

Pero esos 631,7 millones no se reflejan en el presupuesto para 2019, porque el Ejecutivo de Urkullu ha previsto que el endeudamiento bruto sea 279,4 millones menor que el actual. Es decir, se va a pedir menos dinero, lo que unido a 54,6 millones menos por «resto de ingresos», nos deja el límite de crecimiento en los 297,7 millones.

Para los presupuestos de Lakua de 2018 la previsión del incremento de las aportaciones de las diputaciones forales creció en 420,1 millones, mientras también se decidió endeudarse en 171,8 millones más. Esta vez se ha hecho al contrario.

Más cumplidores de lo pedido

En su explicación de las cuentas, el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, sostuvo que los objetivos de estabilidad presupuestaria recogen que el déficit de la CAV debía reducirse hasta el 0,1% para 2019, pero especificó que «el Gobierno Vasco tiene una clara estrategia de déficit 0,0% desde 2017». Añadió que, «de todas formas, aunque se revisase el déficit, la regla de gasto impide incurrir en más gasto».

También alardeó de que «la deuda pública no ha de ser superior al 13,8% sobre el PIB», pero que «los valores de Euskadi se sitúan en el 13,2%».

Según Pedro Azpiazu, esto sirve para anticiparse a que puedan venir malos años en el futuro. Además, aseguró que esta estrategia ha permitido acogerse a la disposición adicional 116 de los Presupuestos Generales del Estado y disponer de 54,4 millones de euros para inversiones financieras sostenibles en 2018.

En cuanto a la amortización de la deuda, el Ejecutivo recoge que el presupuesto de 2019 prevé pagar 1098 millones de euros, 15 menos que en 2018. Los intereses serán de 233 millones.

«Contexto favorable»

En su rueda de prensa, el consejero de Hacienda explicó que proyecto de presupuestos de 2019 se ha elaborado en un contexto económico de «crecimiento favorable» y de estabilidad, aunque en una situación de «suave desaceleración». Pero Pedro Azpiazu recordó que también hay «riesgos» en factores externos como los conflictos comerciales, la subida del precio del petróleo, las negociaciones del Brexit o las «fricciones políticas» en países europeos.

En este contexto, el Gobierno insiste en que «sigue siendo fiel a sus compromisos de garantizar y mejorar las políticas sociales y potenciar el desarrollo económico y el empleo». Asegura también que «el 77,9% de este proyecto corresponde a políticas sociales». Habría que precisar que, en realidad, las cuentas que hace el Ejecutivo es que el 77,9% del presupuesto se destina a los gastos de los departamentos que califica como sociales. Es decir, se contabiliza como gasto social el sueldo del consejero de Salud, de la de Educación y de la de Empleo y Políticas Sociales, así como los sueldos de todos sus altos cargos y personal de confianza, y cualquier otro dinero que vaya a esas consejerías. Así, los periódicos que compra el Departamento de Salud son «gastos sociales», y los de Seguridad, no.

Las cuentas contemplan una subida salarial del 2,25% para las 90.000 personas que trabajan para la Administración autonómica, además de las aportaciones a Itzarri, lo que conlleva que el Departamento de Gobernanza Pública tenga una subida de 2,5 millones de euros.

También la RGI se verá incrementada en el 2,25%.

Lakua subraya su apuesta por la inversión pública, con un incremento del 7,4%, y por la innovación, que sube el 6,5%.

El Ejecutivo de Urkullu remitirá el viernes su proyecto de presupuesto al Parlamento para su negociación.

La construcción de la «Y vasca» continúa desacelerandose

Las obras de la «Y vasca» avanzan poco. Y aunque el Gobierno de Lakua prefiere fijarse en los retrasos que suma el Ejecutivo de Madrid, lo cierto es que el tramo guipuzcoano que está construyendo directamente también está desacelerado.

Si en las cuentas de 2018 se presupuestaron para el TAV 156,2 millones de euros, para 2019 la cantidad se ha rebajado hasta los 99,5 millones, lo que supone una reducción de nada menos que el 36,3%. El consejero, Pedro Azpiazu, respondió ayer que esta rebaja se debe a que las cantidades se están adecuando a la ejecución de las obras.

Hasta 2017 las partidas destinadas para la Nueva Red Ferroviaria vasca se mantuvieron prácticamente constantes en los teóricos –y míticos– 350,5 millones de euros. Sin embargo, de los 1051,5 millones presupuestados entre 2014 y 2016 solo se utilizaron realmente 472,55 millones, un 44,9% de lo aprobado en el Parlamento.

Las obras de la «Y vasca», también en el tramo guipuzcoano, están avanzando a un ritmo que dista mucho de la propaganda que se hace desde el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras y las supuestas urgencias existentes.I.I.

Pedro Azpiazu reconoce que complementar pensiones entra en las competencias de Lakua

El Gobierno de coalición PNV-PSE no tiene la mayoría suficiente para poder aprobar el proyecto de presupuestos para 2019 presentado. El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, aseguró ayer que el Ejecutivo está abierto a la negociación con las tres fuerzas de la oposición; no solo con EH Bildu y Elkarrekin Podemos, que han presentado propuestas por escrito, sino también con el PP, que pese a sus declaraciones públicas de que no piensa siquiera empezar a hablar de las cuentas, cree que no ha dicho todavía definitivamente que no.

En relación a la propuesta de EH Bildu, que incluye 350 millones de euros para complementar pensiones y 70 millones para políticas de empleo, el consejero Pedro Azpiazu respondió ayer inicialmente que lo relativo a las pensiones se sale del ámbito competencial del Gobierno Vasco, como aseguró también la víspera el presidente del EBB, Andoni Ortuzar.

Sin embargo, el Ejecutivo de Lakua ya se encarga ahora de complementar hasta unas 19.000 pensiones, y según explicó el lunes la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena, esa es la vía que pretenden ensanchar.

Preguntado sobre si eso escapa al ámbito competencial, el consejero Azpiazu respondió con un «no, no». Aunque añadió que «seguramente esto jurídicamente tiene su complejidad. Si el complemento de pensiones va más allá de lo que pueda entenderse protección social, al final se pueda entender que son pensiones y puede que tengamos problemas con las propias pensiones».

En todo caso, dijo estar dispuestos a estudiar la propuesta y «los juristas nos tendrán que decir cuáles son los límites que hay entre pensiones y prestaciones para ver dónde nos podemos mover. Desde luego la voluntad del Gobierno es moverse donde se pueda».

El consejero de Hacienda también dijo que le había parecido ver una matización de sus propuestas en la entrevista que ayer hicieron en Radio Euskadi al secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez. En una primera evaluación, Lakua cifró que los 15 puntos de EP suponían en un incremento del gasto de 1500 millones de euros. Martínez la redujo más o menos a la mitad, aunque Azpiazu apuntó que solo la recuperación del poder adquisitivo de los funcionarios supondrían ya unos 700 millones de euros.

En todo caso, Azpiazu no quiso entrar en cifras, porque primero quiere poder volver a reunirse con los grupos de la oposición la próxima semana.

Nada más conocer los primeros números, el parlamentario de Elkarrekin Podemos Julen Bollain dijo que el supuesto carácter social de las cuentas es «humo», y exigió un giro de 180 grados y no «migajas».I.IRIONDO