En su escrito, el Ministerio Público acusa a los miembros de la Sindicatura de haber dictado distintas resoluciones en relación con el referéndum, pese a que el Tribunal Constitucional les había notificado que la consulta quedaba suspendida y les advertía de su obligación de impedirla.
El ministerio público pide dos años y nueve meses cárcel para los cinco encausados, Marc Marsal, Jordi Matas, Marta Alsina, Tània Vergé y Josep Pagès por desobediencia grave y usurpación de funciones y, alternativamente, solicita que se les condene sólo por desobediencia a una multa de 5.400 euros e inhabilitación para cualquier función «que responda a un nombramiento discrecional efectuado por una administración pública».
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