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El Gobierno español lleva al TC la reprobación de Felipe de Borbón sin el apoyo del Consejo de Estado

El Consejo español de Ministros ha decidido impugnar ante el Tribunal Constitucional la resolución aprobada por el Parlament de Catalunya contra Felipe de Borbón. La impugnación se presentará pese al criterio contrario expresado por el Consejo de Estado, que en el informe encargado por el Gobierno de Pedro Sánchez expone que la moción del Parlament no constituye «objeto idóneo para su impugnación».

Isabel Celaá, portavoz del Ejecutivo español. (César P. SENDRA/POOL MONCLOA)
Isabel Celaá, portavoz del Ejecutivo español. (César P. SENDRA/POOL MONCLOA)

La portavoz del Gobierno español, Isabel Celaá, ha anunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez recurrirá al Tribunal Constitucional la resolución del Parlament de Catalunya en la que se reprueba a Felipe de Borbón pese a que el Consejo de Estado ha considerado que este recurso «no es el cauce idóneo».

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que se ha celebrado en Sevilla, Celaá ha explicado que el Gobierno lo hace por «sentido de Estado», ya que entiende que la resolución del Parlament es «inconstitucional» y que, en todo caso, «respeta» la resolución del Consejo de Estado.

La resolución aprobada el 11 de octubre en el Parlament fue propuesta por En Comú Podem reivindica los valores republicanos y apuesta por «la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía». También rechaza y condena «el posicionamiento del Rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán», ya que considera que justificó las cargas policiales del 1 de octubre de 2017.

Isabel Celaá ha explicado que el Consejo de Estado «entiende» que la resolución del Parlament constituye «un grave atentado al principio de lealtad institucional», además de una declaración política «que manifiestamente degrada la forma política del Estado español y los principios democráticos que la Constitución consagra», así como una «falta de respeto» al jefe del Estado.

Pero aunque el Consejo de Estado entiende que la resolución tiene una naturaleza «netamente política», pues «no produce efectos jurídicos de ningún tipo», el Gobierno cree que es «inconstitucional» por dos argumentos. De un lado, «constituye un nuevo intento» del Parlament de iniciar un «proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética república» catalana, lo que «contraviene» la Constitución y el Estatut.

Por otro lado, el Gobierno ve inadmisible «desde el punto de vista político y jurídico el intento de abolición de la monarquía y el ataque injustificado» a Felipe de Borbón por parte de una Cámara parlamentaria.