
El letrado mayor, Manuel Pulido, señala que el documento registrado por Carlos Couso el 31 de enero no cumple los requisitos exigidos «porque lo apotado es un escrito posterior, lo que no subsana el simple escrito de comunicación del portavoz de exclusión de los parlamentarios de sus grupos afectados».
Sin embargo, el letrado añade en una nueva «nota-informe» que la Mesa dispone de los «elementos de claridad necesarios para que se adopte una resolución al efecto, sin necesidad de más informes que puedan aparentar la voluntad de dilatar una decisión».
Asimismo, añade que una demora injustificada puede ser objeto de un recurso ante el Constitucional. Couso ha mostrado su voluntad de acudir a los tribunales ante lo que considera una dilación excesiva por parte de los grupos del cuatripartito para materializar la expulsión, que supondría la pérdida de cargo de la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznarez, y que los firmantes del acuerdo programático pierdan la mayoría en los órganos de control de la Cámara.
Esta cuestión volverá a ser tratada en la Mesa y Junta de Portavoces que está convocada para el próximo lunes.

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