El magistrado Claudio Bonadio ha abierto un proceso penal, que se vincula a la conocida como «causa de los cuadernos», contra la expresidenta argentina Cristina Fernández por la importación con presuntos sobreprecios de buques con gas natural licuado (GNL) durante su mandato presidencial.

Este procesamiento se suma a los otros siete que ya pesan sobre la Fernández, que insiste en que es víctima de una persecución judicial hilvanada por el actual Gobierno y el pasado 25 de febrero declaró por escrito que «no existe un solo elemento de prueba» que la vincule «siquiera remotamente» con lo que se la acusa.

En el dictamen de Bonadio, que también ha procesado, entre otros, a exdirectivos de las estatales YPF y Enarsa y a los ya detenidos Julio De Vido (exministro de Planificación Federal) y Roberto Baratta (exsubsecretario de Control y Coordinación de la misma cartera), se apunta a supuestos delitos cometidos entre 2008 y 2015.

«Los imputados pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema ilegal destinado a importar GNL a través de diferentes empresas internacionales que intervinieron sin proceso licitatorio, sino mediante un concurso de precios en el que el valor del fluido ya estaba definido», subraya el juez.

En el caso concreto de Fernández, por la causa del GNL se amplía su procesamiento por cohecho pasivo o defraudación contra la administración pública y por administración fraudulenta que ya registra la causa madre y se decretó prisión preventiva que se hará efectiva si el Senado prueba su desafuero.

«Causa de los cuadernos»

Este expediente está directamente relacionado con la llamada «causa de los cuadernos», que se destapó en agosto pasado después de conocerse unas libretas en las que un chófer de Baratta anotó supuestamente durante más de una década cómo transportaba de forma habitual millones de dólares con los que empresarios sobornaban a altos funcionarios.

«Su finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando las posiciones de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional de parte de sus integrantes», remarca Bonadio en su dictamen.

Esa «asociación ilícita» fue, según el magistrado, comandada por el expresidente Néstor Kirchner –fallecido en 2010– y Fernández, ya que «el dinero era entregado alternativamente» al matrimonio presidencial en sus domicilios privados u oficiales.