En un auto, la juez procesa a 30 investigados, entre ellos varios exaltos cargos del Govern de Carles Puigdemont, por los delitos de «malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación», y fija para 17 de ellos una fianza por responsabilidad civil de casi seis millones de euros, cifra equivalente supuestamente a los gastos comprometidos con el 1-O.
En su escrito, la juez procesa a los exaltos cargos del Govern Antoni Molons, Joaquim Nin, Jaume Clotet, Josep Ginesta, Francesc Sutrías, Aleix Villatoro, Amadeu Altafaj y al exsecretario general del Diplocat Albert Royo, entre otros, y exculpa a 15 investigados, entre ellos Santi Vidal -cuyas conferencias en las que desveló que el Govern ocultaba una partida de 400 millones para el referéndum propiciaron la apertura de la causa judicial- y Carles Viver i Pi Sunyer.
Además, la juez señala en su escrito que no es competente para pronunciarse sobre el exsecretario general de Hacienda Lluis Salvadó, dada su condición de aforado.
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