Así lo ha explicado la consejera en conferencia de prensa, en la que ha valorado que el acuerdo alcanzado en octubre de 2018 con los sindicatos LAB, CCOO y UGT ya fue «un hito» y suponía el consenso para la distribución de los fondos adicionales de 2018-20 y recogía, principalmente, incrementos a colectivos concretos.

Su aplicación inicial el pasado año requirió de un decreto-ley foral aprobado el pasado 24 de octubre por el Gobierno y convalidado en noviembre por el Parlamento navarro, cuyo contenido se refería al encuadramiento de niveles e incrementos retributivos de ciertos puestos, con carácter retroactivo a 1 de enero de 2018, y que fueron aplicadas por el Gobierno navarro en la nómina de noviembre de 2018.

Sin embargo, el 10 de diciembre el Gobierno estatal envió al navarro una invitación para negociar para evitar un posible recurso de inconstitucionalidad respecto a algunos artículos del decreto-ley foral, lo que con el tiempo se ha materializado en un acuerdo que considera «resueltas las discrepancias» y «concluida la controversia planteada».

Al respecto, en conferencia de prensa, la consejera Beaumont ha destacado que el Estado ha reconocido que Nafarroa tiene competencias propias en materia de Función pública, mientras que los representantes de CCOO, LAB y UGT han valorado el trabajo de la consejería y su resultado, al tiempo que han instado a la inminente implantación de las medidas paralizadas en las nóminas de los funcionarios afectados.