La asociación Unauto VTC ha reclamado la paralización del decreto que pretende aprobar el Gobierno de Gasteiz antes de fin de año que, entre otras restricciones, prevé 30 minutos de tiempo de mínimo de contratación del servicio antes de su prestación. La asociaicón entiende que la norma atenta contra los derechos de los consumidores y los conductores.

En un comunicado, Unauto ha lamentado que no fuera invitada a la reunión celebrada el pasado lunes en Bilbo por le Mesa Sectorial del Taxi y las VTCs de la CAV, «a pesar de ser la asociación mayoritaria del sector y representante oficial ante el Comité Nacional de Transporte por Carretera del Ministerio de Fomento», por lo que considera que los acuerdos que se pudieron alcanzar «no cuentan en ningún caso con el consenso del sector».

Según Unauto, el tiempo mínimo de contratación del servicio es una restricción que no encuentra reflejo en la regulación de ningún país de la Unión Europea, ni del resto del mundo, y «su origen se encuentra en el decreto del Govern de Catalunya aprobado tras once días de manifestación del sector de taxi en Barcelona y el asedio a la Consellería de Territori».

Ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya recientemente suspendió cautelarmente la ampliación a 60 minutos de tiempo mínimo de espera aprobada por el Área Metropolitana de Barcelona por considerar la medida «contraria a la libertad de empresa y discriminatoria”, además de por el riesgo de “las consecuencias económicas que pueden derivarse de las restricciones analizadas».

«Sorprendente»

El presidente de Unauto, Eduardo Martín, ha considerado «cuanto menos sorprendente» que el Ejecutivo autonómico quiera regular a las VTC sin contar con la asociación mayoritaria del sector. «El tiempo de espera mínimo atenta contra los derechosde pasajeros y conductores, es decir, contra el interés general, tal y como han manifestado numerosas instituciones dentro y fuera del Pais Vasco. Es por eso por lo que pedimos la paralización del Decreto anunciado este lunes y la apertura de un proceso de diálogo con los legítimos representantes del sector que se pretende regular».