Con su anuncio de una reforma constitucional para transformar los equilibrios de la arquitectura del poder del Kremlin, el presidente ruso, Vladimir Putin, comienza a repartir las cartas para su sucesión, en 2024.

Prácticamente todo el mundo da por seguro que no se presentará a una ¡quinta! reelección. Lo que no implica que el antiguo funcionario del KGB que en el año 2000 sustituyó a un completamente desquiciado Boris Yeltsin y que ha marcado el regreso de Rusia a la arena mundial vaya a retirarse.

Al contrario, su propuesta de limitar los poderes presidenciales y dar más poder a la Duma (Parlamento) para elegir al primer ministro apuntan a que, con ello, quiere remarcar su salida definitiva del Kremlin dentro de cuatro años y su reubicación en un nuevo rol no menos decisivo.

El presidente que le suceda tendrá, en todo caso, menos poder que el que él tiene y tendrá hasta 2024 y, junto con la rehabilitación del papel del Parlamento, Putin propone reforzar el papel del Consejo de Estado de la Federación rusa, al frente del cual no pocos le sitúan como una suerte de árbitro supremo. La fórmula emularía a la adoptada por el líder de la ex república soviética de Kazajistán, Nursultan Nazarvaiev, quien el año pasado cedió su octogenaria presidencia a un escudero fiel y se reserva, desde entonces, tanto a nivel institucional como real, el papel de padre de la Nación.

Por de pronto, la inmediata dimisión de su fiel primer ministro, Dimitri Medvedev, y de su Gobierno, y su sustitución por el tecnócrata y jefe del Servicio Federal de Impuestos, Mijail Mishustin, evidencia que Putin no alberga intención alguna de comenzar a soltar lastre.

Con este doble movimiento, Putin sacrifica a su escudero Medvedev. Y lo hace tras reconocer en su comparecencia del miércoles que «ha surgido desde el seno de la sociedad una clara demanda de cambio». Con un Gobierno en horas bajas por el recorte de las pensiones y el alargamiento de la edad de jubilación, y con una economía que no termina de iniciar su modernización, lastrada además por las sanciones occidentales, el inquilino del Kremlin carga el muerto a un Medvedev cuya popularidad ronda el 30% y le da una patada hacia arriba al reservarle la vicepresidencia del Consejo de Seguridad.

En sustitución de este último, Putin nombra jefe de Gobierno a un eficiente recaudador de impuestos en unos tiempos en los que los rusos no ocultan su pesimismo sobre la situación económica a futuro y podrían verse atraídos por los cantos de sirena de la oposición liberal en la calle, como se atisbó el verano pasado.

Pocos ven a Mishustin como un sucesor potencial del propio Putin, pero su profundo conocimiento del patrimonio, oficial y oculto, de los oligarcas rusos en un sistema anegado por la corrupción podría deparar sorpresas sobre el futuro de un hombre gris que se ha significado por transformar un sistema fiscal burocratizado, esclerotizado y clientelar en un órgano eficiente.

Pero quizás la labor del nuevo primer ministro sea la de proseguir con las purgas políticas en Rusia, unas purgas que, desde julio del pasado año, han llevado a prisión a ministros, exministros, altos funcionarios y representantes de gobiernos regionales. Esas purgas han sido interpretadas no como un intento de acabar con la corrupción y el clientelismo sino como operaciones aleatorias e incluso arbitrarias contra determinados responsables políticos que se enmarcan en la lucha de poder entre las distintas facciones para marcar territorio en previsión de la sucesión de Putin.

Al anunciar el miércoles la reforma constitucional, este último no ofrece pistas claras sobre cuál será el futuro de la política rusa pero permite a todos esos actores imaginar y soñar con sus respectivos futuros y comenzar a prepararse para intentar alcanzarlos.

Putin tiene un plan y ha mostrado algunas de sus piezas. Otras siguen ocultas y las más no se harán públicas jamás. Porque ha comenzado a repartir las cartas. Pero estas están marcadas.