ELA ha mostrado su oposición «frontal» a la inclusión de militares en las cárceles de Hego Euskal Herria y ha pedido al Gobierno español la transferencia de prisiones a la CAV y Nafarroa.
En un comunicado, las secciones sindicales de ELA-Prisiones han rechazado «la posibilidad de que se puedan contratar a militares profesionales que estuviesen en los 10 últimos años de servicio como fórmula para paliar la escasez de personal y el envejecimiento galopante del colectivo penitenciario».
«El anuncio de contratar a personal sin la titulación mínima necesaria para ser trabajador de prisiones, sin la formación y experiencia necesarias para desempeñar una labor tan compleja y con un perfil absolutamente contrario al necesario para desempeñar las labores penitenciarias desde parámetros más humanos y democráticos, para cumplir con el objetivo final de la reinserción, es una decisión impropia de un Gobierno que se dice progresista y de izquierdas», han censurado.
Por ello, ELA ha exigido «respeto» al colectivo de trabajadores de prisiones y «hacia la complicada e importante labor que realizan todos los días». Asismimo, ha reclamado «al nuevo Gobierno del Estado la inmediata transferencia de las prisiones» y que esta sea «plena y exclusiva».
«Esta transferencia no puede ser un mero traslado de responsabilidades de gestión, sino que debe dotarnos de capacidad para desarrollar una política penitencia propia, distinta al modelo estatal, que se ha mostrado en demasiadas ocasiones deshumanizado, colapsado e incapaz de llevar a cabo los objetivos de reinserción», ha apuntado.
Las secciones sindicales de ELA han defendido «una administración de prisiones vasca, democrática y euskaldun, encuadrada en la Consejería de Justicia de la Comunidad autónoma Vasca y de Nafarroa. Una administración de prisiones que debe ser escrupulosa en el respeto de todos los derechos de las personas encarceladas».
Asimismo, han pedido que se apueste por «un sistema penitenciario público y de calidad, evitando cualquier tipo de privatización y subcontratación», como forma de «garantizar a los trabajadores el derecho a la negociación colectiva con salarios y condiciones homologadas» a las de la administración de Hegoalde, «con el mantenimiento de las condiciones específicas actuales y con planes concretos y medidas efectivas para garantizar el derecho a vivir en euskera en las prisiones».