El Juzgado de Instrucción número 4 de Barakaldo, ha acogido hoy el juicio por la ocupación de la vivienda de Victoria de Castro, que iba a celebrarse el pasado 10 de febrero, pero que se suspendió al no acudir a la vista oral el abogado de una de las dos acusadas. Al juicio, que ha quedado visto para sentencia, no han asistido ni las acusadas, ni la denunciante, esta última debido a un problema médico.

El caso de Vitori movilizó a los habitantes de Portugalete después de que el 12 de octubre del pasado año dos mujeres con cuatro menores a su cargo ocuparan su domicilio, ubicado en el barrio de Repelega, cuando la mujer se encontraba pasando unos días con sus familiares en Barakaldo. Al regresar a su casa, no pudo abrir la puerta porque habían cambiado la cerradura.

Ante el hecho de que la mujer se quedara fuera de su hogar, sin poder acceder a su vivienda, cientos de personas se movilizaron y lograron expulsar a los ocupas de la casa de Vitori.

En la vista oral de este lunes han declarado como testigos tres policías municipales que acudieron a la vivienda, ubicada en el número 66 del Grupo El Progreso, en respuesta a la llamada de los familiares de Vitori que intentaron acceder a la misma y no pudieron porque habían cambiado la cerradura. También ha declarado un agente de la Ertzaintza que ayudó a las dos acusadas a salir de la casa, junto a los cuatro menores a su cargo.

El Ministerio Fiscal ha elevado a definitiva su petición de sentencia condenatoria por un delito leve de usurpación previsto en el artículo 245.2 del Código Penal, que establece que el que ocupe, «sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses».

Pena máxima

En este caso, ha solicitado la pena máxima de 6 meses de multa a razón de 8 euros por día, lo que supone 1.440 euros de multa para cada una de las acusadas, además de una indemnización a concretar cuando la jueza dicte sentencia. Según el fiscal, ha quedado acreditado que las acusadas «carecían de título» de propiedad, «no pagaban alquiler» y tenían «vocación de permanencia» e «intención de quedarse» porque «cambiaron la cerradura». El Ministerio Fiscal mantiene que se ha producido una «agresión personal y patrimonial», así como que la vivienda «no estaba abandonada ni desatendida».

El abogado de Vitori, que se ha sumado a la petición de la Fiscalía, ha considerado «ajustada» la cuantía solicitada y ha señalado que las acusadas han tenido la posibilidad de acudir al juicio para «hablar de su situación económica y defenderse para que la multa fuera menor».

Según ha destacado, «además del perjuicio económico generado por los objetos que sustrajeron de la vivienda», se ha producido «un perjuicio de carácter emocional muy importante», ya que Vitori es una persona de 95 años que se ha visto afectada «de forma más grave que cualquier otra persona por la tensión y el estrés» de la situación.

Por su parte, las abogadas de las acusadas han pedido la libre absolución porque, según ha mantenido, «no ha habido violencia, no ha quedado acreditado que fuera ella la que forzara la cerradura, ni que causara los daños», además de que la salida de la vivienda fue «voluntaria». También han aludido al «estado de necesidad» de una de las acusadas, que se encontraba «en la calle con un menor».