Esta declaración, que en caso de aprobarse habrá de ser remitida a Congreso y Senado, muestra la posición favorable del Ayuntamiento de Donostia a que Juan Carlos de Borbón sea investigado y, en su caso, enjuiciado en el Estado español.

Otro de los puntos de la propuesta de declaración es el rechazo del «lavado de imagen» de la Casa Real en busca de salvaguardar la continuidad de la monarquía, que tacha de «un sistema heredero del franquismo, antidemocrático y machista». 

En último término, los grupos solicitan que el Consistorio donostiarra se comprometa a impulsar y defender los valores republicanos. Es con este objetivo con el que buscan promover «la retirada de las referencias y alusiones a la monarquía en general existentes en la ciudad».