Al día siguiente de que el presidente francés, Emmanuel Macron, ordenara ayer la aplicación del toque de queda en las metrópoli galas más afectadas por la covid-19, los gendarmes de la Oficina Central de la Lucha contra Delitos Medioambientales y contra la Salud Pública (oclaesp) se han personado en los domicilios y despachos de media docena de responsables políticos de la gestión de la crisis sanitaria.

En concreto, los registros se desarrollan en los domicilios del ex primer ministro Edouard Philippe; el director general de Sanidad, Jerôme Salomon; el ministro de Sanidad, Olivier Véran; la extitular del mismo Ministerio, Agnes Buzyn; y la exportavoz del Gobierno Sibeth Ndiaye.

Además de los domicilios han sido registrados también los despachos oficiales de Salomon y Véran. Todo ello en el marco de una operación que parte de la solicitud de apertura de una investigación judicial, cursada el pasado 7 de julio por la Fiscalía de la Corte de Casación ante la Cámara de instrucción de la Corte de Justicia de la República (CJR), única instancia con potestad para juzgar a miembros del Gobierno.

La orden de registro responde al objetivo fijado por la CJR de dilucidar si los citados responsables políticos tuvieron conocimiento previo sobre las medidas a adoptar para paliar la crisis sanitaria pese a lo cual decidieron no aplicarlas.

La comisión ad hoc de la CJR ha recibido hasta 99 denuncias presentadas por personas o asociaciones damnificadas por la pandemia, entre las que figuran médicos, personas particulares o presos. Las acusaciones van desde el homicidio involuntario hasta la denegación de auxilio.

Esta investigación se suma a la desarrollada en junio por la Fiscalía de París más centrada en las eventuales responsabilidades extraministeriales con respecto a una crisis sanitaria que hasta la fecha se ha saldado con más de 22.000 personas fallecidas en los hospitales franceses y ha causado otros 11.000 fallecimientos en las residencias, según los datos aportados por Santé Publique France.