La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha abierto causa penal para investigar al consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno navarro, Manu Ayerdi, por presuntos delitos de «prevaricación y de malversación de caudales públicos» en relación con la supuesta concesión irregular a Davalor Salud S.L. de seis préstamos por un importe de 2.600.000 euros entre 2015 y 2017.

La Sala indica que los hechos descritos en la querella, que fue presentada por UPN, y atribuidos a Ayerdi, son «una valoración muy provisional que podrían ser constitutivos de los citados delitos». Por ello, de acuerdo con el fiscal, declara su competencia para la instrucción y, en su caso, enjuiciamiento del aforado, y dispone abrir un procedimiento contra él.

La querella de UPN expone que Ayerdi, que entonces era Vicepresidente Primero del Gobierno de Nafarroa, consejero de Desarrollo Económico y presidente del Consejo de Administración de la Sociedad de Desarrollo de Navarra S.L. (SODENA), concedió en setiembre de 2015 a la entidad Davalor Salud S.L. un préstamo de un millón de euros, «sin respetar los procedimientos de control internos y los criterios analíticos de la sociedad, pese a que conocía que dicha entidad no reunía las condiciones previamente establecidas para su concesión y que se encontraba en situación de insolvencia».

Asimismo, acusa a Ayerdi de «no solo no instar el vencimiento anticipado del anterior préstamo, sino que procedió a conceder cinco nuevos préstamos» a Davalor. Según apunta el Tribunal Supremo, el primero, en diciembre de 2016, por importe de 400.000 euros; el segundo, en enero de 2017, por importe de 600.000 euros; y los tres últimos, por importe de 200.000 euros cada uno de ellos.

Según los querellantes, el Gobierno navarro, en junio de 2015, declaró el proyecto como de «interés foral», lo que según la Ley Foral le permitía tramitar el apoyo financiero por el procedimiento de urgencia. Del mismo modo, subrayan que «tampoco se recabó la autorización expresa del Parlamento» de Iruñea. La querella añade que Davalor, «en lugar de impulsar el proyecto que motivó la concesión del préstamo», destinó el dinero a «abonar una importante cantidad a un acreedor, así como a financiar necesidades urgentes e inmediatas derivadas de gastos de personal, cuotas atrasadas a la Seguridad Social y deudas de la sociedad». 

El Gobierno analiza la decisión judicial

El consejero Manuel Ayerdi reconoció, en una comparecencia pública en julio de 2018, que «igual lo más cómodo hubiera sido otra cosa, pero me pareció que era lo que teníamos que hacer a la luz de todo el trabajo que se hizo».