Por cuarta noche consecutiva, grupos de jóvenes se han enfrentado en varias ciudades de Túnez a la Policía tunecina en su intento de hacer cumplir el confinamiento general y el toque de queda, decretado a partir de las 4 de la tarde por el primer ministro,  Hichem Mechichi, desde el jueves 14 de enero, décimo aniversario del triunfo de la revolución tunecina, para atajar el repunte de la pandemia.

Al menos 650 jóvenes -entre ellos varios activistas en favor de los derechos humanos conocidos como Hamza Nassri Jeridi– an sido detenidos en la capital, en la barriada de Ettadhamen y en la periferia de las ciudades de el Kram y La Marsa, en Sfax –segunda ciudad del país–, en Kef y Bizerte (norte) en Kasserine (centro-oeste), en Mahdia, Susa y Monastir (centro-este) y en Touzer (sur desértico), sin olvidar a Siliana, una de las localidades más afectadas.

El Gobierno solo ve a «grupos de vándalos» en los choques pero, tal y como recuerda Javier Martín, de Efe, todas ellas son zonas muy golpeadas por el paro juvenil –que ronda el 40%, como en tiempos de la dictadura– la corrupción –aún sintética–, la economía sumergida –afectada por la restricciones del coronavirus– y la inflación, que hace que para la mayoría de los ciudadanos productos como el pollo y los huevos sea casi un lujo.

A modo de ejemplo, en la ciudad de Gafsa la gente protestaba contra la destrucción por parte de la Policía de un puesto de venta informal.

En la marcha en la avenida Habib Bourguiba, corazón de la capital, además de consignas contra el Gobierno por la crisis económica que padece el país, los congregados exigieron que se cumplan las promesas de libertad, justicia social y derechos reclamadas durante la revolución que en 2011 acabó con la dictadura de Zinedin el Abedin Ben Ali.

Expertos sanitarios locales e internacionales critican las draconianas medidas anti-covid, al considerar que apenas tendrían influencia en los contagios y sugerir que el Gobierno busca otros objetivos relacionados con la seguridad y el malestar social que agita desde hace meses el país.

Amnistía Internacional (AI) ha criticado la actuación de la Policía tunecina y le insta a «abstenerse de inmediato de utilizar fuerza innecesaria y excesiva».

¿Revolución de los hambrientos?

Aunque en las imágenes de las virulentas protestas –saqueo de comercios, destrucción de mobiliario urbano– apenas se escuchan eslóganes reivindicativos, y es difícil trazar una línea común que permita percibir un movimiento articulado o estructurado, todo apunta a que emana de un hondo sentimiento de hartazgo con la clase política y la falta de reformas económicas.

Un grafiti dibujado este domingo en el barrio capitalino de Kabaria, similar a los muchos que aparecieron en los días previos a la revuelta de 2011, apelando a la nueva «revolución de los hambrientos», ha favorecido esta interpretación en la prensa nacional.

«El ambiente en las calles de Túnez empeora día a día y hay pocas esperanzas de un mañana mejor. Los mendigos han invadido todos los barrios, desde los más pobres hasta los más lujosos, y se alinean en cada esquina, lo que denota la fuerte degradación a nivel social», argumenta el periodista Mohamad Salem Kechiche.

Otros expertos advierten, sin embargo, de que el problema es peligroso y estructural, y proviene del fracaso económico de una transición políticamente exitosa que ha sido incapaz de enmendar los vicios del antiguo sistema económico y que no ha acabado con los privilegios de una oligarquía que secundó a Ben Ali y que está ahora de regreso.

Crisis en la cúpula política

Y apuntan al pulso por el poder que libran la jefatura del Estado, el Gobierno y la Presidencia del Parlamento, incapaces de pactar las acuciantes reformas económicas estructurales que necesita el país.

Una tensión entre las tres grandes autoridades del Estado agitada por la irrupción del Partido Desturiano Libre (PDL), que defiende los intereses de los nostálgicos del benalismo y que desde hace apenas un año encabeza las encuestas de intención de voto con amplia ventaja frente al partido conservador islamista Ennahda, primera fuerza en el Parlamento.

Su líder, Abir Moussi, quien aparentemente recibe apoyo financiero desde Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, ha devenido en el principal azote del jefe de Ennhada y presidente del Parlamento, Rachid Ghanouchi, al que respaldan Qatar y Turquía.

El islamista, actor esencial de la transición, contribuyó a que ésta no descarrilara en el crítico año 2013: promovió junto al después presidente de la República, Beji Caíd Essebsi, un diálogo nacional que ahuyentó la división.

Sin embargo Ghanouchi no tiene la misma sintonía con el sucesor del fallecido Essebsi, el profesor Kais Saïd, quien sorprendió al ser elegido hace año y medio como independiente.

Saïd tampoco tiene buena conexión con Mechichi, uno de sus antiguos asesores, que fue designado primer ministro el pasado setiembre.

Mechichi, que igualmente desconfía de Ghanouchi, acaba de remodelar el gobierno, del que ha sacado a los ministros próximos al presidente, que al igual que sus dos contendientes es reticente a embarcarse en el nuevo diálogo nacional que muchos reclaman para salvar el país, acorralado por una aguda crisis económica y un descontento social que la pandemia ha lanzado a la calle.