El Consejo de Ministros de este martes ha confirmado el relevo en la cúpula del Ejército español, donde el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) es el máximo cargo después del rey. El general Miguel Angel Villarroya, famoso por sus arengas militaristas junto a Fernando Simón, dejó el cargo tras conocerse que había sido vacunado pese a no estar entre los sectores de riesgo primados por el protocolo y ha sido reemplazado por el almirante Teodoro López Calderón.

Pero es precisamente en ese protocolo donde está el fondo del asunto. En la crisis se trata de pasar por alto el asunto central: ¿Por qué el Ejército disponía de un sistema propio de vacunación, que le privilegiaba incluso sobre la Guardia Civil o Policía española, pese a la propaganda insistente sobre su nivel de «sacrificio» en esta pandemia?

En ese protocolo existe un orden establecido que ya estaba en la tercera fase. La cuarta, la siguiente, iba a ser la vacunación de toda la Unidad Militar de Emergencias (UME), convertida en referencia especial de esta campaña de propaganda por acciones como las desinfecciones realizadas en la primera ola. La realidad de los datos era que apenas fueron unas decenas frente al más de un millar de bomberos, Ertzaintza o Policía Foral

Con el caso de Villarroya ha salido a primera plana que el Ejército dispone de sus propias partidas de vacunas y de un sistema de prioridades también diferenciado.

La ‘Estrategia de vacunación frente a covid-19 en las Fuerzas Armadas’ elaborada el pasado 5 de enero establece seis grupos. El primero lo forma «el personal que tenga previsto el despliegue a Zona de Operaciones (ZO)», es decir, en las «misiones». Después va el «personal alertado, cuya disponibilidad para desplegar a ZO sea inferior al intervalo necesario para que la vacuna disponible confiera la protección». Y en tercer lugar, los militares que se desplieguen en una operación de lucha contra el virus, que son los que ya están siendo vacunados ahora, antes incluso que la mayor parte del personal sanitario, por tanto. Y también antes que efectivos policiales u otros militares como la Guardia Civil, que creen que comenzarán a ser inyectados a finales de febrero dentro del plan general del Ministerio.

El cuarto grupo, siguiente en incorporarse, es el «personal destinado o en comisión de servicio en la Unidad Militar de Emergencias (UME)», y el quinto, «el personal de las unidades que, a criterio del mando, sea considerado como crítico (jefes de unidad, tripulaciones aéreas, etc)».

En último lugar, el protocolo recoge a los «grupos de población establecidos por el Ministerio de Sanidad en la Estrategia de Vacunación frente al covid-19». Es aquí donde, por tanto, tendría que haber entrado Villarroya, que decidió anticipar su vacunación.

Villarroya se marcha sin explicaciones

Por otro lado, la dimisión del general ha tenido el efecto de sacar del foco a otros cargos militares que también pudieran haberse saltado la cola. Se apuntaba como incógnita para hoy hasta qué punto llegaría la caída de cargos en el Ejército, pero de momento el Consejo de Ministros se ha limitado a sustituir al JEMAD.

Contrariamente a la locuacidad mostrada en sus ruedas de prensa diarias con Fernando Simón, Miguel Angel Villarroya se ha despedido estos días en silencio, limitándose a filtrar que tiene «la conciencia tranquila».

La dimisión se produjo horas después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, anticipara que iba a pedir explicaciones por lo ocurrido. Robles tampoco ha querido valorar lo sucedido, aunque sí ha justificado que «el Ministerio de Defensa tenga un pan de vacunaciones coordinado con el Ministerio de Sanidad».