La incertidumbre mantiene en vilo a miles de trabajadores ante los planes de numerosas empresas que, aduciendo ya sea la crisis provocada por la covid-19 o «problemas estructurales», proponen cientos de despidos acompañados de recortes en el ámbito salarial o en las condiciones de trabajo.

La dirección de Tubacex en Amurrio y Laudio comunicó el lunes pasado a la representación sindical la apertura de un ERE de extinción que podría acarrear la pérdida de 150 empleos. Además, pretende abrir otro periodo de negociación de un ERTE para compensar la bajada en la producción.

La noticia del ERE no cogió «por sorpresa» a la plantilla, reconoce Jonatan García, que lleva 18 años en la empresa, aunque confiesa que hay cierta «incertidumbre». La palabra «reestructuración» lleva rondando desde 2019 con sucesivas regulaciones de empleo hasta hoy. «Van a por todas», advierte.

Los trabajadores sospechan que el objetivo que busca la dirección es una rebaja salarial y en las condiciones laborales. «Nos plantean que dentro del grupo somos de los que más cobramos, comparándonos con fábricas como las de Tailandia e India», expone con cierta ironía.

No es el primer ajuste, ya que el fabricante de tubos dejó hace un año en la calle a 150 trabajadores eventuales, que se suman a la destrucción de empleo en las subcontratas. Con una plantilla cuya edad media ronda los 40 años, no hay posibilidad de acogerse a una jubilación anticipada. En una carta remitida en diciembre a diferentes representantes institucionales, su consejero delegado, Jesús Esmorís, justificó la necesidad de adoptar medidas ante una situación de pérdidas «insostenibles», que cifraba en 18 millones de euros en 2020, obviando, recuerdan los sindicatos, los «importantes beneficios» obtenidos hasta el ejercicio anterior.

En julio de 2020, Tubacex anunció una reestructuración en todo el grupo, que avanzó que afectaría el 20% de la plantilla, en torno a 500 personas. Se destacó que la reorganización industrial y la reducción de costes era consecuencia de la negativa evolución del mercado, con una caída mayor al 50%, en plena crisis del petróleo y con la posterior irrupción del coronavirus.

¿Coyuntural o estructural?

«Seguimos pensando que la crisis que estamos pasando es coyuntural, derivada de una pandemia que está afectando a toda la sociedad. Los mensajes optimistas sobre el futuro de Tubacex, previos a la pandemia, son notorios y están en los archivos. La supuesta transición y diversificación de productos se estaba haciendo de manera correcta, por lo que no entendemos que ahora vengan diciendo que todo esto viene de lejos», manifiestan desde el comité.

Mañana, a las 16.00, la dirección ha citado a los sindicatos para negociar las condiciones del ERE y ERTE. El comité de empresa va a defender que no se produzca «un solo despido y que se aborde toda la problemática con medidas coyunturales». En ese proceso, apuntan fuentes sindicales, no dudan de que en cada plato de la balanza estarán los 150 despidos y una rebaja retributiva en salario y pluses, que hasta ahora no han logrado al estar amparados por el convenio.

También aguardan a mañana a la constitución de una mesa negociadora los representantes sindicales de M Torres. La dirección quiere despedir a 89 trabajadores en la planta navarra de Dorre y 75 en la murciana de Fuente Álamo, Asimismo, un ERTE para 185 personas en Nafarroa y 47 en Murcia, para un periodo que va del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2021.

No habrá una mesa propia en Nafarroa, a pesar de haberlo solicitado ELA. Desde CCOO, que apuesta por una mesa a nivel estatal, el presidente del comité, Carlos Ibáñez Alfaro, considera que aunque la situación del mercado es «complicada», la planta de Dorre tiene «futuro y proyección» por lo que lucharán por el mantenimiento del empleo. CCOO –cuyos cinco delegados más otros cinco de ELA y tres de CITE integran el comité en la factoría navarra, trabajará para que los despidos anunciados para el 15 de marzo se conviertan en salidas voluntarias o jubilaciones anticipadas, contando con el aval del Ejecutivo de Iruñea.

Otra compañía golpeada por la crisis del sector aeronáutico es Aernnova. El primer día de febrero se hicieron efectivos los 55 despidos forzosos y las 27 bajas voluntarias derivados del ERE de extinción, que la dirección justificó por «pérdidas históricas». El comité de Berantevilla lo impugnó ante el TSJPV, argumentando que las causas productivas que alega la dirección «derivan únicamente» de la pandemia, «en ningún caso se puede considerar una crisis estructural».

En dos meses, aproximadamente, podría tener lugar el juicio por esta demanda y para después del verano, dictarse sentencia. El comité defiende que los responsables de Aernnova Aeroestructuras de Alava han cometido un «fraude». Sostienen que el proceso de negociación del ERE estuvo «viciado», ya que la compañía «no tuvo voluntad de evitar los despidos» y «desoyó todas las propuestas alternativas» que se le plantearon.

El clima en la factoría alavesa ha sido esta semana «absolutamente negativo». No hay «tensiones en el seno de la plantilla», que ha secundado mayoritariamente las movilizaciones contra los planes del equipo directivo que preside Iñaki López Gandásegui, en quien centran sus críticas. Estos días, desvela Aitor Bezares, no han visto a esos directivos paseándose por la planta observando cómo se desarrollan los distintos programas en marcha.

Este trabajador augura que las próximas semanas serán duras en medio de ese clima «frío y hostil» hacia los representantes de la empresa, y que podría empeorar ante la intención de presentar un nuevo ERTE. Bezares explica que se baraja una nueva regulación de empleo para los 370 trabajadores con una media de 84 jornadas. Advierte de que no afectaría por igual a todos los programas que se desarrollan en Berantevilla, por lo que puede haber personas que dupliquen ese número de días en el paro. «La empresa se niega a las rotaciones para que el impacto de la regulación sea más homogéneo en la plantilla», lamenta.

Los y las trabajadores de ITP Aero Castings, con plantas en Barakaldo y Sestao, inician mañana una nueva fase en su lucha en defensa de sus puestos de trabajo tras mantener un mes de huelga indefinida y más de dos de movilizaciones. Aseguran de que los 83 despidos que ha habido, que han recurrido en el juzgado, son «fruto de una reforma laboral que nos habían prometido derogar». Denuncian la posición que ha adoptado Lakua en defensa de la dirección de PCB.