En 2020, la Ertzaintza y las policías municipales instruyeron 6.167 denuncias por «desobediencia y resistencia a la autoridad» en función de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza. Multiplican prácticamente por diez los últimos datos conocidos, 699 infracciones en 2018 y 638 en 2017. Un incremento exponencial que solamente se explica por la aplicación que estos cuerpos han hecho del estado de alarma y las restricciones a la movilidad, y de otras, impuestas desde su declaración a mediados de marzo del pasado año.

Según la información remitida por el Departamento de Seguridad al Parlamento de Gasteiz a petición de Julen Arzuaga, de EH Bildu, a lo largo de 2020 las policías autonómicas y municipales interpusieron 10.526 denuncias por infracciones a diversos artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana. Son un 62,6% más que en 2018 y nada menos que un 84,8% más que en 2017. No se cuentan con datos de 2019, puesto que en febrero del año pasado se disolvió el Parlamento y la petición anual de información de Julen Arzuaga quedó en el aire.

Cabe recordar, como se hace en la página contigua, que en 2016 el propio Parlamento pidió la no aplicación de la ley mordaza, mientras que en el Congreso se está tramitando su reforma. Sin embargo, estos cambios no afectan al artículo 36.6 que recoge que «la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación». Y cuya infracción es la que se ha multiplicado casi hasta por diez durante el estado de alarma.

Llama la atención que pese a las restricciones de movilidad e incluso los confinamientos estrictos que se dieron durante semanas, no hayan descendido de manera sustancial las infracciones de consumo y tenencia de drogas ilegales.

Uso abusivo de la norma

Bajo la acusación de incumplir el artículo 36.6 de desobediencia y resistencia a la autoridad se han aplicado multas de hasta 601 euros, simplemente por estar en la calle durante el confinamiento, que después los tribunales han anulado.

El último caso hecho público se ha producido en Bilbo, donde por sentencia firmada este 10 de febrero de este año se ha anulado una multa impuesta por el Ayuntamiento de la capital, ordenando con ello la devolución de la multa de 601 euros pagada por la familia de un menor de 16 años.

Según el boletín de denuncia, el menor fue sorprendido el 20 de marzo de 2020 fumando en la calle en compañía de otra persona, pero la sentencia sostiene que «nada se dice» de que «se negara a cumplir una orden dada por lo agentes» o, por ejemplo, «regresar a casa».

El tribunal, recogiendo otras sentencias similares ya existentes, asegura que la denuncia presentada no demuestra la existencia de ninguna desobediencia a la autoridad, puesto que al menor no se le hizo ningún requerimiento que este no hubiera atendido . Por ello, asegura que no hay «tipicidad» para tal sanción.