El Tribunal General de la Unión Europea ha acogido este miércoles la vista oral sobre el recurso presentado por el Frente Polisario contra una decisión del Consejo Europeo de 2019 relativa al acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos.

La defensa del Frente Polisario y del Consejo han expuesto sus argumentos ante la sala, después de haber celebrado una primera vista el martes en relación con el acuerdo de asociación entre Bruselas y Rabat.

En el informe de la vista de este martes, al que ha tenido acceso Efe, se explica que el Frente Polisario ha invocado distintas violaciones de las obligaciones del Consejo sobre el derecho internacional, en particular del acuerdo de la liberalización del Sahara Occidental.

Sobre este litigio se ha pronunciado el delegado del Frente Polisario en la CAV, M. Limam Mohamed Ali, quien ha destacado la «incompetencia de la UE y de Marruecos para celebrar acuerdos que afectan a un Territorio No Autónomo pendiente de descolonizar».

Según Limam Mohamed, «la UE ha incumplido su deber de examinar la situación de los Derechos Humanos del pueblo saharaui bajo ocupación militar marroquí» y considera que con esta decisión, la UE fomenta las políticas «de ocupación militar marroquí».

«Respetar los Derechos Humanos»

Por su parte, el Consejo señala que hubo una consulta por parte de la Comisión y del Servicio Europeo de Acción Exterior para obtener el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental, de acuerdo con los principios del derecho internacional y sostiene que la situación actual en el territorio no permite la consulta directa con las personas interesadas, ya que estas últimas no han podido ejercer su derecho a la autodeterminación.

En este sentido, el delegado saharaui en la CAV apunta que el acuerdo supone la «vulneración del Capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas al promocionar la ocupación ilegal por la fuerza de un territorio no autónomo» y el «incumplimiento» por parte de la UE «de la obligación de hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos en su política exterior».

En este litigio, el Estado español afirma que el Frente Polisario «no ha demostrado» la existencia de un error en el contexto del procedimiento de consulta de las poblaciones afectadas, mientras que el Estado francés considera que la decisión impugnada respeta «el derecho internacional, el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental y el desarrollo económico de este territorio».