La hemeroteca, esa herramienta tan apreciada en el periodismo como aborrecida en la política, es capaz de recordarnos que hace dos años, a finales de febrero de 2019, el alcalde de Donostia clamó contra la decisión del Tribunal Supremo de validar la prohibición de la consulta popular sobre las corridas de toros en esa ciudad. También, que dos años antes, en marzo de 2017, cuando el Gobierno español decretó esa prohibición, Eneko Goia la criticó con gran dureza, afirmando que «detrás de una argumentación pretendidamente jurídica, la decisión es inequívocamente política. No la compartimos, ni la entendemos y, por supuesto, la recurriremos».

«No entendemos por qué en unos lugares sí se puede preguntar a la ciudadanía sobre cuestiones municipales y, sin embargo, en Donostia se prohíbe», valoró entonces el primer edil. Y tirar de hemeroteca y recuperar aquellas palabras es un ejercicio interesante, porque obliga a buscar contexto a unas declaraciones recientes del mismo protagonista sobre otra consulta de carácter municipal: «Las consultas se utilizan como arma arrojadiza para generar conflictos», declaró Goia hace solo nueve días en Radio Euskadi.

Aunque no se refería, claro, a una consulta a celebrar en su ciudad, sino a la llevada a cabo pocos días antes en Durango en torno al plan urbanístico que está proyectado en los terrenos de las soterradas vías de tren.

El proyecto consiste, entre otros elementos, en la construcción de cinco torres de viviendas de hasta 18 pisos de altura en pleno centro urbano, y preguntar a los vecinos y vecinas formaba parte de los compromisos adquiridos por el actual equipo de gobierno. A mediados de octubre se aprobó el protocolo y el 14 de marzo se celebró la consulta.

Como es improbable que en un plazo de dos años la posición del alcalde de Donostia respecto a las virtudes y defectos de preguntar a la ciudadanía haya girado 180 grados, no queda otra que preguntarse qué le ha llevado a expresarse de forma tan áspera sobre la consulta de Durango. Allí, el grupo municipal del PNV apostó por la abstención, arguyendo que el «sí» a la cuestión que se planteaba –«¿Está a favor de paralizar el proyecto PERI 1 FERROCARRIL y poner en marcha el estudio de una alternativa viable que cuente con un proceso de participación ciudadana?»– supondría la ruptura del acuerdo con Euskal Trenbide Sarea y «la expropiación de la parcela de 60.000 metros cuadrados», que acarrearía para el Ayuntamiento «tener que pagar una indemnización valorada en 266 millones de euros al Gobierno vasco».

EH Bildu, que gobierna en Durango junto a Herriaren Eskubidea, niega la mayor, y señalaba antes de la votación que, de ganar el sí, –como ocurrió, con un 28,57% de participación y un 94,4% de votos afirmativos–, habría que retirar el PERI aprobado en 2006 y realizar un nuevo proyecto viable con la participación de la ciudadanía y la implicación del Ayuntamiento y del Gobierno de Lakua.

Se trata de un debate vibrante pero ceñido al ámbito local, y el grupo municipal del partido de Eneko Goia, aun defendiendo la abstención, sostenía que «toda participación es buena; y toda consulta, con las debidas garantías jurídicas y toda la información, es positiva». Entonces, ¿qué se le había perdido al alcalde de Donostia en Durango?

Probablemente nada, pero las palabras de Goia reflejan la posición del PNV en una materia, la capacidad de decisión municipal, sobre la que parece que va a librarse una intensa batalla política. A 42 kilómetros de Durango tenemos el último ejemplo de ello.
 
Toda la artillería en Azpeitia

En Azpeitia no se ha celebrado consulta, pero la tormenta desatada sobre esta localidad es de las que se recuerdan durante mucho tiempo. El motivo, la posibilidad de que se reabra Corrugados, una fábrica señera en la zona, que cerró en 2014 entre fuertes protestas y dejando en la calle a 300 trabajadores.

¿Quién no querría que volviera reabrirse? Nadie, claro. Lo que ocurre, en primer lugar, es que todavía no hay ningún plan concreto sobre el que posicionarse. Cristian Lay (CL), nuevo propietario de la siderúrgica Gallardo Balboa, todavía no ha presentado ningún proyecto de negocio, ni un informe técnico, ni un plan de viabilidad, y su director ejecutivo, Miguel Ángel Leal, declaraba a Efe que aún están en fase de «estudios preliminares». «En el caso de Azpeitia se está viendo qué se puede o no hacer y llegaremos hasta donde se pueda llegar», indicaba sobre la situación del grupo. Y en ese qué se puede hacer hay varios elementos a tener en cuenta.

Por ejemplo, los requisitos medioambientales, cuya competencia es de Lakua –la Autorización Ambiental Integrada fue otorgada en 2008, por ocho años y sujeta a unas condiciones determinadas–, y está también el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Azpeitia, aprobado por unanimidad por EH Bildu y PNV en 2013, una norma de obligado complimiento y que establece que parte del terreno donde están emplazadas las instalaciones de la fábrica debe ser destinado a vivienda y a equipamientos.

La alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta, ha expresado su disposición a trabajar por la apertura de Corrugados cumpliendo todos los requisitos necesarios, y ha recordado que el área de Trukutxo, clasificada como «preferente para el desarrollo de actividades económicas», sería la adecuada para albergar la actividad siderúrgica de la empresa.

Sin embargo, enfrente se ha encontrado, no con el empecinamiento de los directivos de CL, que públicamente ni siquiera se han pronunciado, sino con una acometida conjunta de la Diputación, del Gobierno de Lakua y del PNV, que han ejercido de portavoces oficiosos de la firma y, sobre todo, han preparado el camino para culpar al gobierno municipal del eventual fracaso de unos planes que, hoy por hoy, no son tangibles.

La voz cantante la ha llevado la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, que ha acusado al Ayuntamiento de «poner en riesgo» la reapertura, y ha sostenido que el problema no reside en cuestiones medioambientales ni urbanísticas, que ha calificado de «excusas», sino que se trata de un asunto «solamente político».

Arantxa Tapia, omnipresente en la radiotelevisión pública, ha llegado a instar a los azpeitiarras a decidir «si prefieren una actividad urbanística al desarrollo de una actividad industrial» y, asumiendo un asombroso papel de emisario de una entidad privada, ha dicho que «quiere una respuesta rápida».

No ha sido la única que se ha expresado en esos términos. Andoni Ortuzar dijo el pasado miércoles que la consejera «está trabajando lo indecible» para que la empresa «tenga paciencia y siga manteniendo sus planes» de desarrollar en Azpeitia su actividad, «que puede hacerse en cualquier otro lugar». Unas declaraciones que el dirigente jeltzale acompañó con el ofrecimiento de los votos de su partido en el Ayuntamiento para acometer los cambios «que haya que hacer» para que Corrugados se instale allí.

Y para cerrar este círculo de declaraciones insólitas, al día siguiente, el jueves, el diputado general, Markel Olano, hizo suyo el ofrecimiento de Ortuzar –lo citó expresamente en una entrevista en Onda Vasca–, supeditando su cargo como principal mandatario de Gipuzkoa a los intereses del partido.
 
Achicar los espacios

Esta acción coordinada, imposible de ver en otros casos en los que muchos puestos de trabajo reales, no virtuales, están en juego, no tiene un objetivo sociolaboral sino político, el mismo que empujó a Goia a arremeter contra la consulta de Durango: condicionar y limitar la actuación de los ayuntamientos.

Con un control de todas las diputaciones y de Lakua –el PSE está acomodado en su papel de comparsa–, el PNV quiere atar en corto la autonomía de las entidades municipales, por vocación, y porque en esos espacios pueden llevarse a cabo formas de acción institucional distintas a las del partido jeltzale.

A nadie se le escapa, además, que muchos de esos consistorios están gobernados por EH Bildu, y en Sabin Etxea no van a dejar pasar ocasión para achicar espacios, y si pueden, para erosionar a la coalición, en un contexto en el que la gestión de la pandemia del covid-19 está lastrando su propia imagen.

Ocurre, sin embargo, que ese intento de entorpecer, y someter, el funcionamiento de algunos consistorios choca frontalmente con el discurso que el PNV y el Ejecutivo autonómico llevan manteniendo desde hace un año en torno a la crisis del coronavirus, sobre la que han instado al Gobierno español a desarrollar una gestión compartida.

«Cogobernanza» se ha convertido en la idea fuerza de los jelkides en estos meses, en los que han censurado el afán centralizador que ha guiado la actuación del Gabinete de Pedro Sánchez. En un acto celebrado en la campaña electoral del mes de julio, en el que llegó a afirmar que él habría gestionado mejor la crisis sanitaria sin estado de alarma ni mando único –una responsabilidad que él asumió al inicio de la segunda ola, con los resultados conocidos–, Iñigo Urkullu censuró que «una cosa es admitir el término y otra ejecutarlo a modo de cogobernanza, y se ejecuta coparticipando, compartiendo, codecidiendo. Y esto es lo que no ha habido en la aplicación del estado de alarma».

Y en el último encuentro que mantuvieron el lehendakari y el presidente español, el 25 de enero, el primero insistió en reclamar una mayor capacidad para tomar decisiones que atañen a la situación pandémica de la CAV sin pasar por en cedazo de La Moncloa. Pero siendo lógica esa petición, que también da la medida del nivel de autogobierno existente, esa apelación es incompatible con el modo de ejercer el poder por parte de quien la hace. Señalar la paja en ojo ajeno sin darse cuenta de la viga que sobresale del propio.

Aquel día de enero, tras la reunión con Sánchez, Lehendakaritza difundió una nota donde, de forma sorprendente, lo primero que se destacaba es que PNV y PSE «en este momento contamos con mayoría absoluta». Un dato sabido y sin relación con el encuentro entre presidentes, pero visto en perspectiva, quizá sirva para conocer los miedos y complejos de quien creyó necesario citarlo. Los miedos y complejos que pueden explicar el empeño por disciplinar a aquellos que escapan al alcance de esa mayoría absoluta.