Gonzalo Boye cumple años este sábado. Sus flamantes 56 lo reciben pleno de trabajo, no sólo por sus más de tres años como abogado de los independentistas catalanes Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín, sino que viene participando de las intensas jornadas del juicio por la caja B del PP derivado de los papeles de Bárcenas, en representación de la acusación popular del Observatori de Drets Humans. Por si no alcanzara con todo eso, ha publicado recientemente su libro “¿Cloacas? Sí, claro” (Ed. Roca), en el que hace un «racconto» de su experiencia enfrentado a las denominadas cloacas del Estado especialmente desde que ejerce la defensa del expresident de la Generalitat, que según él es lo que ha llevado a que entren ilegalmente a su casa, a su despacho y que hasta el banco le pida que deje de ser su cliente.

Nacido en la emblemática ciudad costera chilena de Viña del Mar, en las orillas del Pacífico, Boye se fue de su país a los 18 años. Emigró a Alemania y a fines de los 80 llegó al Estado español. Intervino en causas como la de los atentados de Atocha y ayudó a desmantelar la teoría que el 11M era autoría de ETA. Hoy dice estar en peligro de acabar en prisión por una causa de lavado de dinero en la que asegura su inocencia y añade que un preso fue premiado con la libertad a cambio de incriminarlo.

Es disruptivo en sus declaraciones y nunca deja indiferente. En entrevista con GARA, fustiga con dureza a la Judicatura española, señala las diferencias con la Justicia europea y recalca que a pesar de todo, no se arrepiente de nada.

El título de su último libro es frontal y no deja lugar a dudas de lo que piensa…
Sí. Cuando uno tiene la suerte de vivir en primera línea un momento histórico como es el que se vive entre Catalunya y España, uno tiene la obligación de contarlo. Uno de los grandes problemas que presenta España y se proyecta en la imagen que da fuera de su frontera es que hay unos grupos de poder muy enquistados de una ideología neofranquista que actúan como poderes paralelos. Son cloacas que usan el dinero del Estado con fines espurios.

¿La gente lo ignora o no conoce de esto?
La gente no es consciente de esto porque termina comprando el relato que van construyendo. Hay que luchar contra ellos. No es normal, basta cruzar los Pirineos y uno se da cuenta que no es normal. La experiencia que estoy viviendo yo y muchos de mis defendidos es buen ejemplo. Primero te convierten en diana a través del relato mediático, insistente y muy de «fake news». Y luego vienen las actuaciones de personas que corroboran el relato, como policías, jueces y fiscales. Primero partieron diciendo que [los independentistas] eran unos golpistas y hay que meterles una causa de rebelión. Y se quedó a medio camino. Luego pasaron decir que son ladrones, malversación. Hay uno de mis defendidos, por ejemplo, que tiene una causa por 15 euros con 20 céntimos, por unos peajes del señor (Josep Lluís) Alay hasta la prisión de Lledoners. Está la causa abierta y vamos a juicio por 15 euros. Sale más cara la correa que el perro.

Para que lo entienda cualquier desprevenido que nos lea, ¿quiénes son en concreto estos grupos?
En todos los países existen los servicios secretos y rasgarnos las vestiduras sobre sus potenciales actividades es no entender el Estado, así que no hablo de eso. Hablo de gente que con marcada ideología utiliza las estructuras del Estado y trata de implantar una forma de ver el país. Me refiero a las altas instancias jurisdiccionales que llevan años condicionando la política del país. Estoy de acuerdo con la independencia del Poder Judicial, pero este sin duda tiene agenda política.

Pero hay gente que puede creer que finalmente el sistema funciona porque, por ejemplo, los independentistas fueron absueltos por rebelión y otros ejemplos. ¿La democracia le gana a las cloacas?
No. En España hay gente que lleva mas de tres años en prisión por hechos que en otros países se demostró que no valen. Antes el concepto era ‘todo es ETA’, ahora el concepto es ‘todo es el procés’. Y, guardando las distancias, se están utilizando los mismos métodos. Se nota por ejemplo en que la ley se transforma en una mera referencia y no en un marco jurídico de obligado cumplimiento. La malversación sera lo que ellos quieren y si no rebelión será lo que ellos digan.

El juicio al ‘procés’, con condenas menos graves de las que se esperaban, ¿no acabó legitimando ante la sociedad toda la causa?
Sí. Una parte que yo llamo anestesiada de la sociedad, que no se da cuenta que hoy son los catalanes y mañana son otros. En Alemania el tribunal dijo ‘vamos a imaginar que esto mismo sucede con el presidente de un land, pues esto no sería ni siquiera un delito de desórdenes públicos’. Y no nos conformemos con 10 años de condena en vez de 15 porque 10 son mas que 0. La condena impuesta, además, no es a ellos sino a los principios democráticos básicos, al de manifestación y libertad de expresión, que el 1-O se plasmó en meter un papel dentro de una caja.

¿Hay articulación entre estos grupos paraestatales que llama cloacas?
En algunos casos sí, en otros cada cual tira para su lado. Son engranajes complejos, interrelaciones entre distintos poderes mediáticos, policiales y judiciales. Ahora es una de las dos veces desde que murió Franco que hay un gobierno que no tiene un control real sobre los aparatos del Estado, porque Zapatero y Sánchez son personas ajenas al establishment, no tienen el control o no les dejan. Controlan la locomotora pero no todos los vagones y se le pueden descarrilar.

¿Un ejemplo de esta acción coaligada puede ser el de la abogada Cruz Sánchez de Lara –esposa de Pedro J. Ramírez– y su íntima amiga jueza de la AN María Tardón?
Claro. Cuando ganamos la primera vez en Bélgica en diciembre de 2017, Pedro J. hace editorial pidiendo que se me ponga bajo vigilancia permanente de los servicios de inteligencia. Siete meses después su mujer participa de una querella contra mí [por falsificar una traducción de lo dicho por el juez Llarena] que cae en juzgado de María Tardón, a pesar que el fiscal dice que no hay delito. Ellas son íntimas amigas, y lo curioso es que de todos los participantes de aquella reunión con Llarena soy el único que no hablo francés, por lo que difícil podría cometer ese delito. La jueza luego se vio obligada a archivar.
[Nota del autor: pocos días después de esta entrevista, sugestivamente Sánchez de Lara y Tardón fueron premiadas y se fotografiaron juntas en la misma gala del Grupo Especial de Escoltas de Seguridad GEES, en honor a su ’trayectoria’]

¿Por qué tendrían interés en destruirlo?
No lo se, pero no olvides que Pedro J. Ramírez fue el gran sostenedor de la teoría de la conspiración de los atentados de Atocha y yo fui abogado de una victima chilena y desmontamos eso y acreditamos que era obra de un grupo yihadista y no de ETA. Además, la jueza Tardón fue concejal del PP en el ayuntamiento de Madrid y ahora es una de las propuestas por el PP para el CGPJ.

¿Cómo puede ser que suceda todo esto sin más?
Creo que no se ha hecho el trabajo didáctico de explicar las reglas básicas del funcionamiento de la democracia. Existe cierta ignorancia generalizada, esto no es normal. Se llevan meses diciendo que España es democracia plena y ejemplar y me pregunto si una democracia necesita adjetivos. Nunca escuché a un primer ministro británico o alemán adjetivar su sistema democrático.  

¿Estos grupos de poder son autónomos del Gobierno?
Los que tienen el poder de cambiar estas cosas las ven como normales o no quieren meterse en lios. Seguramente Sánchez sabe esto, pero sabe también que se lo llevarían puesto si lo intenta cambiar.

¿Cuál es la gran diferencia al norte de los Pirineos con la Judicatura?
Aplican el derecho con independencia de a quién tienen delante, las resoluciones son predecibles, ante problemas similares hay respuestas similares y tienen una estabilidad normativa. El Código Penal español se promulgó en 1995 y ya tuvo 30 reformas. Además, son más permeables a la jurisprudencia de Estrasburgo y al TJUE.

Usted dijo ser optimista sobre sus clientes Puigdemont, Comín y Ponsatí. pero pesimista sobre usted. ¿Por qué?
Porque el futuro de ellos depende de la Justicia europea y el mío de la Audiencia Nacional. Por la causa de blanqueo en mi contra, la jueza consiguió que un preso declarase en contra mio y fue puesto en libertad como premio. Me tienen procesado y no estoy exento de ir a prisión. Sin dudas a ellos los terminará fallando siempre a favor.

Qué paradoja, el mismo método usado contra usted... Fue lo que le ofrecieron para favorecerlo en 1997 a costa de incriminar a Josu Urrutikoetxea
Sí, es cierto. Me ofrecieron salir en libertad si lo vinculaba con un secuestro. Me lo ofreció un juez y fiscal. Es lo mismo, es un no acabar, lo tremendo de este sistema es que no se regenera ni quiere regenerarse.

Usted ha denunciado que en dos años irrumpieron en su casa y en el despacho dos veces, Hacienda le hizo cuatro inspecciones y tres la Seguridad Social y el banco le cerró la cuenta y lo echó como cliente. ¿Esto es así? ¿Y por qué?
Sí, es así todo. El Santander me mandó carta echándome como cliente, Hacienda me abrió una investigación por 240 euros. Esto empezó hace tres años, desde que tenemos éxito en la defensa de Puigdemont. No me gustan las teorías conspirativas que dicen que todo el Estado mueve las piezas. No creo que funcione así, pero sí creo que hay mucha iniciativa particular. Actúan coaligados porque lo ven normal, pero no entienden que la imagen que proyectan de España es la peor que pueden proyectar.

Explíquele al ciudadano común, que ve todo desde lejos, en qué cuestiones se pueden notar las cloacas y en qué cosas afectan a su vida cotidiana...
Básicamente con una cosa: seguramente si el Estado español se limpiase tendría mucha mas seguridad jurídica, menos gastos reservados y vivirían mas tranquilos. Cuando una cloaca se ha comprado la aplicación Pegasus para espiar a políticos catalanes, los españoles gastaron millones en una actividad ilegal, que podrían ser destinados a comprar más vacunas. Todo ese gasto estaría destinado a mejores cosas. Y la Justicia tiene que ser rápida, eficaz, justa, y tiene que ser previsible, no puede ser que en España haya doctrinas con nombre y apellido. La doctrina Parot, Botín, Torra, etc.

Yendo a un terreno más personal, ¿por qué se vino a vivir a España?
Me fui de Chile a Alemania y luego me vine acá cuando España entró en la UE. Y me fui de Chile porque no quería vivir en una dictadura, a los 18.

¿Cómo lo ve a Puigdemont? Ya van tres años sin poder volver a Catalunya…
Está entero, muy sólido. El exilio no es el paraíso y es una persona convencida y lo hace desde esta convicción. Nunca he visto que haya nada de lo que tenga que arrepentirse.

Usted estuvo en la querella contra Guantánamo, lo del ‘procés’, lo del 11M, etc. ¿Se arrepiente de algo, ha merecido la pena?
Sin duda que ha merecido la pena, a pesar del sufrimiento. Los derechos humanos se defienden todos los días y no hay mejor manera que defenderlos que en un tribunal.