El Ayuntamiento de Bilbo resolvió el pasado 29 de marzo conceder la licencia de derribo del edificio BAM y las partes «más molestas de estas obras de demolición se iniciarán entre junio y setiembre para minimizar los perjuicios, en la medida en que el alumnado del colegio Cervantes, situado a escasos metros de la escuela universitaria de magisterio dependiente de la diócesis, están en esos meses en periodo vacacional.

Además, según ha explicado el Consistorio, se han establecido «medidas extraordinarias que van más allá de lo habitual en una obra de esta tipología» ante la «inquietud de los padres y madres del colegio».

El concejal de Obras, Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos, Asier Abaunza; el de Euskara y Educación, Koldo Narbaiza; el de Movilidad y Sostenibilidad, Alvaro Pérez; y la de Salud y Consumo, Yolanda Díez han comparecido en comisión a petición de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, para informar sobre la tramitación de la licencia de obras y el desarrollo de la demolición del edificio BAM.

Abaunza ha indicado que el 29 de marzo se resolvió la concesión de la licencia de derribo y ha asegurado que es un acto administrativo de control previo, de carácter reglado y declarativo, por lo que «si se cumple con lo que la ley estipula y establece, el Ayuntamiento está obligado a conceder» las licencias.

El edil ha asegurado que durante la tramitación se han «recibido numerosos y diversos escritos» de padres y madres del colegio Cervantes, de la asociación vecinal Abando Habitable y de personas a título individual solicitando que se posponga la concesión de la licencia de derribo atendiendo a la situación de emergencia sanitaria vigente.

Abauza ha asegurado que «en ningún momento ha habido falta de información hacia quienes se han personado en el expediente», como ha «reconocido el Ararteko en su comunicación del pasado 29 de diciembre».

Amianto

Respeto a la existencia de amianto, ha asegurado que en el proyecto de demolición no se menciona la presencia de esta sustancia, aunque en todos los proyectos de derribo se prevé el cumplimiento del Real Decreto 396/2006 por si aparecieran elementos con amianto, para asegurar la «correcta gestión de estos residuos».

Abauza ha destacado también que el Ayuntamiento cuenta con el compromiso por parte de la empresa que va a ejecutar las obras de «no iniciar las partes más molestas del derribo hasta los meses de verano, periodo en el cual ya ha terminado el curso escolar y por lo tanto las molestias al centro escolar colindante serán mínimas».

La concejala de EH Bildu Alba Fatuarte ha dicho que el Ayuntamiento «ha dado por válidas las medidas correctoras de empresa», como la de parar las obras durante diez minutos cada hora para ventilar y ha dado «luz verde al derribo», pese a que a su juicio son «insuficientes» y no se basan en estudios o recomendación sanitaria.

Fatuarte ha cuestionado al Consistorio sobre quién «se ha encargado de preservar los derechos de los niños», mientras que ha preguntado por los criterios de Área de Salud para afirmar que las medidas aceptadas por el Ayuntamiento son «suficientes» para cumplir con las recomendaciones sanitarias y los protocolos de Lakua. Respecto a plazos, ha asegurado que la haurreskola no cierra hasta «casi finales de julio».

En su respuesta, Abaunza ha asegurado que son «conscientes de que quejas habrá» y que «todos y cada uno de los funcionarios y concejal del equipo de gobierno y de la oposición preservan la salud de los niños» de la escuela pública de Abando.

La portavoz de Elkarrekin Podemos, Ana Viñals, ha afirmado que se está «ante un problema de salud publica», que afecta al conjunto de vecindario y que «no se está priorizando la salud al no posponer la obras para evitar más contagios en pandemia».

Según ha dicho los protocolos de Educación y de Salud coinciden en que es necesario realizar una ventilación «continua, adecuada y frecuente», mientras que «diez minutos de ventanas cerradas» son «suficientes para subidas importantes de CO2».

En su respuesta, Abaunza ha asegurado que «si fuera cierto que parar las obras evitara los contagios, el Gobierno Vasco hubiera establecido las paralización de todas las licencias de obra en los entornos escolares y ha aludido a varias obras en centros escolares de Bilbao en la que ni las AMPAS ni los grupos que ha solicitado la comparecencia «no han puesto ninguna objeción».

Desde el PP, Carlos García ha preguntado si existe certeza de que exista amianto o si hay constancia o sospecha de algún otro elemento contaminante o peligroso, al tiempo que ha reclamado las «máximas medidas de seguridad» para trabajadores, vecinos y menores del colegio público.

En su respuesta, Abaunza ha reiterado que por parte del proyectista no se indica que haya presencia de amianto en el edificio y que tampoco hay presencia de otras materias peligrosas en la parcela.

Movilización

La plataforma vecinal Abando Habitable y la AMPA del Colegio Cervantes han denunciado la decisión del Gobierno municipal y han convocado una concentración frente a las oficinas de Mutualia, esquina de la calle Henao con Heros, que tendrá lugar el miércoles 14 de abril, de 13.15 a 14.15.

«Queremos denunciar alto y claro el papel protagonista que Mutualia tiene en el proyecto y consecuente derribo. No vale echar más balones fuera, como ha hecho hasta ahora, escudándose en el resto de actores. Mutualia puede y debe replantearse si quiere ser parte de este pelotazo», ha señalado la plataforma.