Hacienda, más en concreto su campaña de renta, está suponiendo un quebradero de cabeza para Unai Rementeria, obligado a dar la cara ante la dimensión del problema creado por el cambio del sistema. De nada han servido hasta el momento las promesas del diputado foral de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, quien ha insistido en la «complejidad» del nuevo sistema, mediante el cual se ha ofrecido un borrador de declaración al 100% de los contribuyentes.

Iruarrizaga ha considerado que la campaña «está sacando los aciertos y los errores del nuevo modelo». «Nos tenemos que ir adaptando y vamos a seguir mejorándolo», se ha comprometido.

Lo cierto es que los «errores puntuales» detectados por la propia Hacienda son descomunales, por mucho que se trate de disimular. Son miles y miles. Los datos oficiales cifran en 29.472 las cartas enviadas a personas que, estando obligadas a presentar la declaración, han sido informadas de que no lo están. A otras 19.280 no se les ha comunicado de que no están obligadas a presentar declaración. A otras 27.211 se les ha incluido un segundo apellido cuando no lo tienen. En la aplicación web se han descubierto fallos en doce reglas de cálculo, que han afectado al 3% de las propuestas de declaración, que son 992.376, incluidas las enviadas a al menos 162 personas muertas.

Observando los seis ejes de la estrategia de ‘gobierno abierto’, queda en evidencia que algo, por no decir mucho, ha fallado y nadie parece asumir responsabilidades, a lo mucho pide disculpas. Los enunciados del programa de Rementeria hablaban de «la transparencia y los datos abiertos», «el desarrollo tecnológico y la innovación», «la participación ciudadana», «el fomento de la colaboración público-privada», «la mejora de la integridad pública» y «la rendición de cuentas», acompañado de 14 compromisos que se han perdido en algún baúl del palacio foral a la vista de la gestión de la campaña de renta y de la reacción ante las críticas.

Todo se fía a que se olvide el morrocotudo traspiés, que ha dejado la confianza ciudadana en Hacienda muy tocada. Más allá de las críticas lanzadas desde la oposición, está claro que la Diputación se ha equivocado, aunque le cueste reconocerlo.

Cambio abrupto

Se realiza el cambio de sistema de una forma absolutamente abrupta, en la que se obliga a toda la población de Bizkaia, sin tener en cuenta ninguna circunstancia, a hacer uso de vías telemáticas para realizar la declaración, suprimiendo de un plumazo la atención presencial que anteriormente se ofrecía en las entidades financieras y en las oficinas de la Hacienda foral. ¿Se había evaluado la realidad de la brecha digital? Lo dudo.

La única posibilidad de atención a la ciudadanía se circunscribe a la telefónica brindada en primera instancia por 109 trabajadoras contratadas por una firma subcontratada por la empresa pública Zugaztel. En ese proceso, la sociedad que dirige Isabel Sánchez Robles, dependiente del Departamento  foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales, se ha olvidado del más mínimo respeto a los principios de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades exigible a una empresa pública dependiente de la Diputación y financiada al 100% con dinero público.

En la prensa, y en las explicaciones dadas por Iruarrizaga y el director de Hacienda, seguramente influenciados por las quejas de las asesorías fiscales –que están siendo auténticos beneficiarios del caos–, se ha puesto el foco en los errores evidentes del sistema, producto de la precipitación y de la falta de un contraste previo a la puesta en marcha, desarrollado según fuentes forales en la propia Diputación de Bizkaia.

Sin embargo, se ha orillado la crítica y la reflexión sobre un servicio público que no es capaz de articular un sistema complementario que garantice la atención presencial necesaria a la gran cantidad de personas que se sienten desamparadas por el nuevo sistema y a las que no se les ofrece ninguna alternativa. Como ejemplo, hemos visto en fechas recientes cómo se han movilizado sectores directamente afectados como el de las y los pensionistas solicitando que se revierta la atención directa. No todos las y los ciudadanos tienen los medios suficientes para formalizar las declaraciones telemáticas.

En conclusión, está bien que se avance en la Administración electrónica intentando simplificar y facilitar los trámites a realizar, pero está claro que no se puede hacer de forma grosera y abrupta, sin dar ninguna alternativa. Como en cualquier otro proceso de cambio es necesario que haya un período transitorio en que se den alternativas para que ninguna persona resulte desatendida. El Gobierno de Unai Rementeria tiene mucho que reflexionar si no quiere volver a errar.