El sindicato de enfermería Satse ha lamentado que la ley antipandemia, que se tramita con carácter de urgencia en la CAV y a instancias de PNV y PSE, no incluye «ninguna mención» la fortalecimiento del sistema sanitario y que «afecta» a los derechos fundamentales de reunión y de manifestación.

En este sentido, la secretaria general en Bizkaia, Amaia Maior, ha subrayado en la Comisión de Salud del Parlamento de Gasteiz que la «sobrecarga» del sistema sanitario no solo obedece a la pandemia, sino que tiene «relación directa» con la «falta de inversión reiterada en sanidad y con la precarizacion» de sus trabajadores.

A su juicio, no incluye medias para corregir «el déficit de profesionales» y, en su defecto, prevé cambios organizativos que afectan a las condiciones de trabajo sin tener en cuenta que están sujetas a la negociación colectiva.

«No merecemos que la falta de medidas de seguridad, el sufrimiento padecido y el esfuerzo realizado queden en nada, que no se corrijan las deficiencias (previas a la pandemia) y que todo quede a espensas del esfuerzo sindical, de la seguridad y de la vulneración de los derechos fundamentales», ha advertido Maior.

Alertan de «posible inconstitucionalidad»

Por otra parte, profesores de Derecho Constitucional de la UPV-EHU han alertado en comisión parlamentaria de la «posible inconstitucionalidad» de algunas de las restricciones contenidas en la proposición de ley. Ainhoa Lasa y Javier Tajadura, ambos docentes, han acudido a la Comisión de Salud del Parlamento de Gasteiz.

Lasa ha advertido de la «falta de cobertura jurídica» de algunas de las medidas recogidas en este texto al recordar que las «limitaciones de derechos fundamentales con carácter general» quedan reservadas para las Cortes de Madrid.

Entre estas restricciones ha citado los confinamientos y las reuniones sociales, mientras que sí podría legislar sobre aspectos relacionados con las limitaciones de aforo en los establecimientos públicos o sobre las cuarentenas de personas enfermas.

Por su parte, Javier Tajadura ha opinado que el Gobierno de Urkullu tiene competencias sanitarias para gestionar una pandemia, pero no para restringir derechos fundamentales.