El Gobierno de Lakua ha presentado esta mañana el Plan de Convivencia, Derechos Humanos y Diversidad 2021-2024, que sigue la estela del documento homónimo –en esta ocasión se ha añadido un apartado específico sobre diversidad– que ha guiado las políticas del Ejecutivo en este ámbito en la pasada legislatura.

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, junto a los viceconsejeros José Antonio Rodríguez y Monika Hernando, ha sido la encargada de exponer los detalles del plan, también llamado Udaberri 2024, que tiene como objetivo principal «contribuir al avance de la convivencia a través del pleno ejercicio de todos los derechos humanos para todas las personas», y que se articula en torno a tres espacios de actuación interrelacionados: la Agenda Vasca para la Convivencia, la Agenda Global de los Derechos Humanos y la Agenda Vasca para la Diversidad.

En un contexto en el que, según se admite, asoman varios elementos inquietantes, como el impacto persistente de la crisis ecónomica desatada en 2008, los efectos de la pandemia del covid-19 y un escenario global donde «el futuro de los derechos humanos se dibuja seriamente comprometido», el plan aspira a «avanzar hacia una mejor y más enriquecedora convivencia, no solo como señal de superación de una etapa de desencuentro y violencia superada, sino también atendiendo a la multiplicidad de realidades sociales hoy presentes en Euskadi».

Política penitenciaria, asignatura pendiente

Respecto al primer pilar del documento, la Agenda Vasca para la Convivencia, el Ejecutivo sostiene que «el reconocimiento social de las víctimas, la construcción de una memoria crítica, y la normalización de la política penitenciaria no son solo cuestiones de un pasado sin cerrar», sino que «son y han de ser también elementos clave para afrontar el reto colectivo de la convivencia».

En este sentido, Lakua apuesta en su plan por «el reconocimiento institucional y social de las víctimas», y apostilla que se ha de situar en el centro de la Agenda a «todas las víctimas», citando expresamente las víctimas de ETA, las víctimas de «organizaciones terroristas de extrema derecha (el GAL, el BVE…), y también víctimas causadas por la «utilización ilegítima de la violencia por parte de los aparatos del Estado».

«Todas son víctimas. Sin equiparaciones, sin compensaciones, sin exclusiones», señala el documento, y añade que todas ellas, «sin distinción, merecen verdad, memoria, reconocimiento, reparación y justicia».

Del mismo modo, el departamento que dirige Artolazabal aboga por desarrollar «una reflexión autocrítica» para «garantizar la no repetición de ese pasado violento», y en ese camino menciona su intención de «impulsar la aprobación y liderar la implementación de la Ley sobre Memoria Histórica y Democrática de Euskadi».

Y como tercer eje de esa Agenda para la Convivencia, admite que «la normalización de la política penitenciaria sigue siendo una asignatura pendiente», cuya superación, considera, «permitirá desactivar un factor de desestabilización para convertirlo en un factor de consolidación de la paz».

Para Lakua, «el Estado de Derecho está legitimado para hacer frente a los delitos de terrorismo, sin perjuicio, eso sí, de la preservación y garantía de los derechos humanos fundamentales y de los derechos y libertades básicas». A este respecto, señala que «la lucha antiterrorista propició de facto un endurecimiento de la legislación penal y penitenciaria» y que, «en esencia, la política penitenciaria se concibió y ejecutó como una pieza más de la lucha antiterrorista».

Asimismo, recuerda que «las personas presas siguen siendo sujetos de derechos» cuyo respeto y garantía «compete a todos, y  especialmente a las instituciones públicas», e indica que «el fin último de toda política penitenciaria es la reintegración y resocialización post penitenciaria de las personas presas».

Partiendo de estas premisas, el plan Udaberri 2024 considera que «normalizar la política penitenciaria –especialmente tras el fin de la actividad armada de ETA y su disolución– pasa por deconstruir la cultura de excepcionalidad y el corpus penal, procesal y penitenciario de excepción» y «reorientar la legislación y la política penal y penitenciaria en sintonía con los principios de humanidad, proporcionalidad y resocialización».

El Ejecutivo, que también considera que normalizar la política penitenciaria «debe conllevar la no realización de ‘ongietorris’ públicos», dice apostar un el desarrollo de «un modelo penitenciario vasco basado en los principios de reintegración y resocialización», dentro del marco legal abierto tras la reciente firma del acuerdo para la transferencia de la gestión de las prisiones.

Declaración Universal de los DDHH

En torno a la Agenda Global de los Derechos Humanos, además de insistir en el contexto complicado en esta materia, «de amenaza y vulneración de los derechos humanos a escala global», el plan considera necesario «formar, sensibilizar y empedrar a la ciudadanía para activar su compromiso con los derechos humanos».

Por otra parte, tras citar que el 10 de diciembre de 2023 se cumplirán 75 años de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de la ONU, Lakua anuncia «un plan específico» de cara a esa efeméride.

Además, avanza la celebración con carácter bienal de un Congreso Internacional «en el que se ponga foco sobre cuestiones relevantes y de especial significación y actualidad en relación con la defensa, protección y garantía efectiva de los derechos humanos», así como el impulso del «Programa vasco de protección temporal para personas defensoras de derechos humanos» y la contribución a procesos de paz en otros puntos de la comunidad internacional.

En relación a la diversidad, que en este nuevo plan adquiere un protagonismo propio, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales considera «un reto fundamental» en los próximos años «luchar contra la discriminación y la desigualdad», y esboza varias actuaciones en esta materia.

Cita, por ejemplo, la necesidad de «gestionar positivamente la diversidad por orientación sexual y de género» y actuar «contra la discriminación del colectivo LGTBI», y hacer ese mismo ejercicio respecto a la diversidad cultural, por raza, origen étnico, así como por motivos religiosos.
 
Asimismo, el plan aboga por promover los derechos humanos de las personas mayores y atender a la diversidad funcional.