CCOO de Euskadi ha celebrado este jueves y viernes su XII Congreso en el Palacio Europa de Gasteiz, donde se han reunido cerca de doscientos compromisarios. Loli García ha sido reelegida secretaria general con el 68% de los votos (130), mientras que el restante 32% optaba por la papeleta en blanco (61).

En 2017, cuando sustituyó en el cargo a Unai Sordo –ahora secretario general de CCOO a nivel estatal–, García cosechó el 84,3% de los votos.

En la votación que se llevó a cabo el jueves, su informe de gestión de los últimos cuatro años obtuvo la aprobación del 65%, de lo que se infiere que un tercio de los delegados y delegadas no consideran satisfactoria su labor.

En la jornada de apertura del Congreso, cuyo lema ha sido ‘Egurre! Actuar para avanzar’, tomó parte Unai Sordo y, entre las personas invitadas, estuvo la consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno de Lakua y secretaria general del PSE, Idoia Mendia.

«Defensa del espacio común»

La Comisión Ejecutiva, respaldada por el 70% de los participantes, está integrada por diez personas, el 40% de ellas mujeres. Además de García, son Estibaliz Montero, Jone Robledo, Arantza Martínez, Fran Osuna, Santi Martínez, Marcial Moreta y Alfonso Ríos, junto a dos nuevos rostros, los de Arkaitz Antizar y Oskar Arenas.

«Conformamos un gran equipo, para poner en marcha todo lo que en estos meses hemos trabajado en torno a las ponencias, que hoy han sido aprobadas en este XII Congreso», ha destacado la secretaria general en el discurso de clausura.

En cuanto al eje de acción del sindicato para los próximos cuatro años, ha enumerado varios compromisos: preservar y extender los marcos sectoriales de negociación colectiva, la lucha contra la desigualdad y por el empleo de calidad.

Ha incidido en «la defensa de lo público, del espacio común», ya que «los servicios públicos constituyen la base del estado del bienestar y son el mejor instrumento de cohesión social». 

García también se ha comprometido a trabajar por la derogación de las reformas laborales, para que se contemplen herramientas «de flexibilidad interna pactada» en las empresas, con restricciones legales al modelo de temporalidad, de parcialidad y de despido, que elimine las brechas de género y que «fortalezca el papel vertebrador de la negociación colectiva».