En un comunicado, el KLP ha justificado su decisión de excluir de sus campañas de inversión a 16 empresas en una lista publicada por Naciones Unidas de 112 compañías relacionadas con la construcción de asentamientos en los territorios palestinos ocupados. Entre las señaladas hay bancos, constructoras y grupos de telecomunicaciones, y figuran marcas reconocidas como Motorola o Alstom.

«Los bancos están excluidos porque creemos que a través del financiamiento de la construcción de viviendas, contribuyen al desarrollo, expansión o mantenimiento de los asentamientos», mientras que en el caso de las empresas constructoras lo hacen «por sus entregas de materiales e infraestructura» y en el de las telecomunicaciones, porque sus servicios son «infraestructuras básicas para las sociedades modernas», ha indicado.

Una de las analistas de la compañía noruega, Kiran Aziz, ha señalado que el KLP tiene unas «expectativas claras» acerca de las empresas en las que invierte y por tanto, eso significa que «tienen la responsabilidad de respetar y proteger los derechos humanos en todos los países en los que operen, independientemente de si el Estado los respeta».

«Los conflictos pueden implicar un riesgo particularmente alto de violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, las empresas que operan en áreas de conflicto deben tener especial cuidado para evitar verse involucradas en estas violaciones y proteger a las personas vulnerables», ha remarcado.

En total, el KLP ha vendido acciones y bonos de estas empresas por valor de 275 millones de coronas noruegas (poco más de 27 millones de euros).

Esta decisión del KLP no ha sido el único paso dado en ese sentido en el país escandinavo, ya que el pasado mes de mayo el Banco de Noruega anunció que excluía del fondo de pensiones del Gobierno a las empresas Mivne Real Estate KD y Shapir Engineering and Industry, esta última socia de CAF, por sus actividades en los territorios ocupados palestinos.