La Comisión estatal de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con un total de 61,3 millones de euros a 12 empresas, entre las que se encuentran filiales de Acciona, ACS, OHL, Ferrovial, FCC, Elecnor y Sacyr, por una infracción constitutiva de cártel consistente en la alteración de las licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas por el Ministerio de Fomento desde 2014 a 2018.

Competencia ha subrayado que se trata de una infracción muy grave prohibida por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y el 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y ha sancionado además a estas empresas con la prohibición de contratar con las administraciones públicas.

Las empresas sancionadas por formar parte de este cártel son Acciona Mantenimiento y solidariamente su matriz Acciona; Aceinsa; Alvac; API y solidariamente su matriz ACS; Audeca y solidariamente su matriz Elecnor; Copasa; Elsamex; Elsan y solidariamente su matriz OHL; Ferroser y solidariamente su matriz Ferrovial; Innovia y solidariamente su matriz Copcisa; Matinsa y solidariamente su matriz FCC, y Sacyr Conservación y solidariamente su matriz Sacyr. Está entre ellas, por tanto, el denominado «big six» de la construcción a nivel estatal.

La sanción más abultada corresponde a API (ACS), con 11,78 millones de euros. La filial de FCC, Matinsa, ha sido multada con 8,5 millones, mientras que Ferroser (Ferrovial) ha sido sancionada con 5,7 millones de euros. La multa a la filial de Sacyr alcanza los 5,17 millones, mientras que Elsan (OHL) ha sido sancionada con 3 millones de euros; Acciona Mantenimiento con 2,33 millones, y Audeca (Elecnor), con 2,6 millones.

Según la CNMC, las empresas sancionadas participaban sistemáticamente en todas las licitaciones acordadas, restringiendo el número de ofertas con bajas superiores a un umbral predeterminado por el cártel que podían presentar.

Para hacerse una idea del impacto y alcance de este cártel, el importe total de las adjudicaciones a las empresas implicadas superó los 530 millones, lo cual supone el 63 % del importe total adjudicado por el Ministerio para los servicios de conservación de las Red de Carreteras del Estado.

El 60 % de la multa total ha recaído en las filiales de las denominadas "Big Six" (36.569.942 euros entre las seis), con API (filial de ACS) a la cabeza con 11.781.900 euros de multa, seguida por Matinsa (FCC), con 8.541.202 euros; Ferroser (Ferrovial), 5.712.350 euros; Sacyr Conservación (5.172.460 euros); y Elsan (OHL), 3.022.293 euros.

La CNMC, tras una investigación iniciada hace más de 7 años, ha comprobado que esas seis empresas acudían a ciertas reuniones «para tomar café».

En esas citas, además de tomar un café, el organismo regulador ha determinado que «se establecían periódicamente» los criterios de coordinación de las ofertas económicas a presentar en las licitaciones del Ministerio de Fomento para los servicios de conservación de carreteras de la Red de Carreteras del Estado.

De este modo tergiversaron el resultado de 71 de las 101 adjudicaciones de Fomento entre 2014 y 2018 (exactamente el 63%), con un volumen presupuestado total de 530 millones de euros.

En la era de Rajoy sobre todo

La CNMC ha podido acreditar que el cártel operó entre febrero de 2014 y diciembre de 2018, aunque ha detectado conversaciones desde 2009. Las empresas participantes se adjudicaron 71 licitaciones de un total de 101 que sacó el Ministerio de Fomento relacionadas con la prestación de servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado.

El importe total de las adjudicaciones a empresas del cártel superó los 530 millones de euros, lo que supone el 63% del importe total adjudicado por el Ministerio para los servicios de conservación de las Red de Carreteras del Estado.

Una de las empresas participantes en el cártel, Aceinsa, se ha acogido al Programa de Clemencia de la CNMC, por lo que no se le aplica la circunstancia agravante y se verá beneficiada de un descuento del 50% de la sanción impuesta, quedando exenta además de la aplicación de la prohibición de contratar con la Administración.