
La CAV decidió ayer dar un salto en lo que respecta a la seguridad de las residencias. A nivel estatal y en los medios se ha debatido mucho sobre qué hacer con los trabajadores que no quieren (o no pueden) vacunarse. Una de las últimas propuestas que se quedó sobre la mesa fue la de practicar dos PCR cada semana a este colectivo. En lo que a esto respecta, Lakua se queda corta y solo ha convenido hacer la mitad. De hecho, la Diputación de Araba aseguró que no se conformará con una PCR cada semana, sino que harán dos pruebas al personal no inmunizado.
La gran apuesta son los controles quincenales a personal vacunado. Las pruebas PCR cada dos semanas a los trabajadores no son una medida nueva, sino que fueron moneda común en residencias de todo el estado en diciembre y enero. Estos controles duraron muy poco, debido a que los trabajadores de residencias fueron uno de los primeros colectivos en ser vacunados.
En el caso de Nafarroa, por ejemplo, estas PCR periódicas a trabajadores solo se hicieron dos veces en la mayoría de residencias, abandonándose tras la primera de las dosis.
La medida del control a personal vacunado resulta interesante, pues se sabe que los vacunados que se infectan son capaces de transmitir de nuevo la enfermedad. Asimismo, ligar la práctica de estas pruebas a un determinado nivel de incidencia (300 a 14 días, en este caso) suena razonable, pues las auditorías que se han realizado al respecto coinciden en que el principal factor de riesgo para que el virus entrara en uno de estos centros era el nivel de incidencia existente en la localidad en la que está ubicado.
La norma que entró en vigor ayer en la CAV es mucho más rígida que la existente en Nafarroa. En este otro territorio, la estrategia está orientada más en las salidas y en los cambios rutinarios que realizan el personal y los propios residentes. Así, es preceptiva una PCR para un trabajador si está 15 días fuera del trabajo (y opcional si son menos días) independientemente de que esté o no vacunado. Además, en Nafarroa se hacen PCR a los usuarios que pasan 72 horas fuera del centro.
Con todo, ayer se celebró una reunión que apunta a un próximo replanteamiento de medidas.
Se da la circunstancia de que las reentradas del virus en residencias han coincidido con la llegada de trabajadores sin la pauta vacunal completa. Esto ha sucedido por las sustituciones del verano, en las que pese a que la primera dosis se da de forma inmediata, no ha dado tiempo a completar la inmunización.
No se sabe qué porcentaje de trabajadores en contacto directo con personas vulnerables ha rehusado vacunarse. De inicio, fue alto y con notables diferencias entre un centro y otro. Pero, en buena medida, esto se debió a los recelos de ser los primeros en recibir las dosis y, probablemente, ahora sea distinto.
Según los datos de la CAV, las personas mayores de 12 que rechazan vacunarse por una u otra causa, son un 2,1%. Por tanto, sí parece una opción más garantista un sistema de control que incluya a los vacunados que destinar el grueso de los esfuerzos a qué hacer con los trabajadores refractarios a la vacuna.
Con todo, la medida de la CAV no quedó fuera de las críticas. Los trabajadores de residencias llevan tiempo reclamando mayores medidas de seguridad, más EPI y una mejora de la salubridad de sus condiciones laborales. Es decir, que no todo se reduce a ver si están enfermos o no, sino que también debería existir una preocupación mayor por que no enfermen.

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