Durante la sesión de este miércoles en el juicio por el sumario 13/13 en la Audiencia Nacional española han comparecido varios testigos propuestas por las defensas. Un vecino de Hernani, ha relatado cómo vio desde la terraza de su vivienda cuando estaba echando un cigarro de madrugada en 2010 cómo una pareja taladró el árbol que se encontraba justo frente al despacho de abogados en el que trabajaba Iker Sarriegi.

Ha explicado que el ruido del tralado se escuchó posteriormente en la puerta del despacho de abogados y en el interior del mismo. Un par de días después se produjo el operativo de la Guardia Civil en el que se detuvo a los acusados en este sumario.

El árbol que fue taladrado murió y ha sido sustituido por otro más pequeño. La actuación sin control judicial del CNI en este procedimiento ha sido denunciada por las defensas de los enjuiciados.

Irregularidades en los registros

Domingo Arizmendi, que en 2010 era decano del Colegio de Abogados de Gipuzkoa, ha relatado que acudió al registro que se practicó en ese despacho de Hernani, en el que se encontraban detenidos e incomunicados Sarriegi y Jon Enparantza. Ha explicado que había agentes de la Guardia Civil tanto en el interior como en el exterior del lugar y que no recuerda que hubiera precinto alguno en el exterior.

«No parecía que las cosas se encontraban por casualidad. Parecía que iban a tiro hecho. Me sorprendió», ha añadido antes de relatar que «buscaban en sitios inverosímiles» como cajetines de la luz en los que aparecían USB. Otra memoria apareció debajo de una mesa, en una pata. Arizmendi ha destacado que Sarriegi dijo en ese momento que ese USB no era suyo. En el acta del registro constan estas observaciones realizadas por el decano.

En el registro del despacho de Arantza Zulueta en Bilbo estuvo presente Ramón Lasagabaster, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Bizkaia. Ha relatado que la puerta estaba precintada, pero que había evidencias de que «había sido previamente violentada» y lo hizo constar así.

Junto a ello, Lasagabaster ha explicado que en el registro se vulneró el secreto profesional porque la Guardia Civil se incautó de documentos relativos a desahucios y otras cuestiones inmobiliarias que «entendía que no tenían que ver con el objeto del registro». Todas esas circunstancias quedaron reflejadas en una protesta que hizo constar en el acta del registro. La reacción de la Guardia Civil fue manifestar que el representante del Colegio de Abogados de Bizkaia dificultó el registro y que realizó llamadas durante el mismo. Lasagabaster ha explicado que llamó a casa para que fueran a recoger a los niños ya que el registro se prolongó más de lo esperado.

Las defensas habían señalado en las cuestiones previas que los registros de los despacho de Hernani y Bilbo no se habían llevado a cabo cumpliendo las necesarias garantías.

Abogadas en París

La abogada Miren Illarreta ha declarado que ha acudido a París junto a Arantza Zulueta porque ambas estaban personadas en el sumario abierto tras la detención de Xabier López Peña, Jon Salaberria, Igor Suberbiola y Ainhoa Ozaeta. Ha destacado que habitualmente iban juntas y que su labor se limitaba a las relacionadas con las cuestiones de su condición de abogadas. Ha explicado que Zulueta no conocía el francés y que le tocaba hacer de traductora. En la acusación, constan viajes de Zulueta a París que se presentan como motivados por su supuesta labor de control de los presos.

El abogado de Zulueta, Alfontso Zenon, ha solicitado que se incluyan en el procedimiento recortes de prensa que atribuyen el alias de Martxel a López Peña. El uso de este seudónimo es atribuido a Zulueta por la acusación en la supuesta labor de control de los presos que se le imputa. En las sesiones de julio, la abogada vizcaina negó que este alias le correspondiera. El fiscal José Perals se ha opuesto a la admisión de esta documentación.

Illarreta también ha destacado que la relación de Saioa Agirre con Jurdan Martitegi era familiar. Durante su testimonio, el letrado de Agirre, Ibon Altuna, ha tenido que actuar como traductor de una nota que la acusada entregó a Illarreta sobre gestiones que había que realizar para poder visitar a Martitegi cuando estaba preso en el Estado francés.

Varios testigos han declarado que Nerea Redondo recibía dinero en metálico sin declarar por sus actividades como profesora de coaching o tareas de inscripción o publicidad en un club deportivo de Donostia. De este modo, recibió miles de euros en metálico durante varios años. La acusación contra Redondo se basa en la incautación de un dinero que entregó al recientemente fallecido Juan Mari Jauregi y que la Fiscalía relaciona con ETA.

Con la toma de declaración de los testigos de la defensa, la vista ha quedado suspendida hasta la semana del 20 de setiembre, cuando se retomará con las periciales.