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Bilbo

Concentración frente a la Torre Iberdrola de Bilbo para protestar contra el tarifazo eléctrico

Vecinos de Bilbo se han concentrado este jueves frente a la Torre Iberdrola  contra la subida de la tarifa de la luz que bate récords históricos día tras día. Los convocantes ven necesario tanto la propiedad y control público del sector como construir soberanía energética.

Un nutrido grupo de personas ha protestado este jueves frente a la Torre Iberdola contra la subida del precio en la tarifa de la luz en una movilización convocada por Ekologistak Martxan y la Federación de AAVV de Bilbo.

Durante la concentración, los manifestantes han coreado lemas como «Manos arriba, esto es un atraco», «No al tarifazo» y «Fuera ladrones de las instituciones».

Los convocantes han explicado que consideran necesario tanto la propiedad y control público del sector energético como construir soberanía energética.

Ekologistak Martxan y la Federación de AAVV de Bilbo han recordado que el precio de la electricidad «atraviesa toda nuestra sociedad», ya que cualquier subida «repercute de forma acumulativa en los precios de todo el resto de actividades, bienes y servicios, sea cual sea su naturaleza».

No obstante, han afirmado que este problema no afecta de igual manera a todas las personas. «Las mujeres sufren en mayor medida la pobreza energética. Las mujeres con menores a su cargo. Las y los niños y adolescentes. Las personas dependientes. Cuando un hogar no puede llegar a pagar las facturas energéticas, se van acumulando», han explicado.

De ese modo, han añadido, «va aumentando la dificultad de poder desarrollar una vida digna: se vuelve imposible salir de la rueda del endeudamiento y de la precariedad. La factura energética, especialmente la de la electricidad, es uno de los pilares de la pobreza estructural».

De acuerdo con los convocantes, en Bilbo «muchas familias son incapaces de pagar la energía que necesitan para satisfacer sus necesidades domésticas o tienen que destinar demasiada parte de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda».

Esta situación, unida al alto precio de los alquileres o a la precarización laboral, «pone en peligro la vida. La desesperación puede incitar a encender fuegos incontrolados en casa o a realizar peligrosas conexiones domésticas. Iberdrola atenta contra el derecho a una vivienda digna».

De esta forma, han denunciado que este periodo de alza de precios «ha sido originado por las medidas del Gobierno para eliminar los impuestos que las eléctricas llevan cobrando de manera injustificada por sus centrales nucleares e hidroeléctricas».

Así, han explicado que las compañías «han contraatacado» con una escalada de precios en un mercado que «está completamente en sus manos».

Según han explicado, en un sector tan liberalizado como el de la energía, al gobierno le quedan pocas opciones «mientras no apruebe medidas de transformación radicales en el mercado y en la fijación de precios».

Eso le supondría, a su juicio, oponerse a la Comisión Europea, a Competencia y al Tratado de la Carta de la Energía y enfrentarse a «demandas millonarias de multinacionales energéticas».

Reivindaciones para abaratar el precio

Los convocantes creen importante realizar grandes campañas de formación y de ayudas a los hogares para ajustar sus contratos energéticos a sus necesidades, así como reducir su consumo de energía y aumentar su independencia.

Es necesaria, a su juicio, «una auditoría de costes y una reforma completa del mercado de la energía que retribuya a cada tecnología por sus costes reales, no mediante subasta donde se aplica el máximo ofertado a todas las tecnologías».

Además, han remarcado que «la Red Eléctrica de España, el operador del sistema, debería tener una mayor participación pública, por tratarse de un servicio esencial dedicado a mantener la seguridad del suministro, y debería priorizar la reducción del precio de la electricidad».

Asimismo, ven urgente «aprobar medidas específicas de protección contra la pobreza energética como aplicar el principio de precaución ante impagos, es decir, obligar a las empresas suministradoras a consultar la situación socioeconómica del hogar antes de un corte y garantizar el suministro si se produce una situación de vulnerabilidad».