El decreto que ha publicado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señala que la Comisión «se constituye como grupo de trabajo especial» para cumplir las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes relacionados con los hechos de violaciones graves de derechos humanos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990.

También señala que corresponde a la Comisión «establecer los mecanismos para el esclarecimiento histórico de las violaciones graves de derechos humanos cometidas en el país» en el citado periodo.

Esto a través de las investigaciones correspondientes, «las cuales deberán realizarse sin sesgos, con independencia, imparcialidad y competencia».

Además deberá implementar los mecanismos de investigación necesarios para impulsar las acciones ante las autoridades ministeriales y judiciales competentes, a efecto de coadyuvar en el acceso a la justicia.

También establecerá los mecanismos para el fortalecimiento de las acciones en materia de búsqueda de personas desaparecidas de manera forzada entre 1965 a 1990, al tiempo que deberá impulsar y dar seguimiento, conforme las disposiciones jurídicas aplicables, a los procedimientos para la implementación de las medidas de reparación a favor de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos, en el citado periodo

La Comisión también tendrá que diseñar estrategias que impulsen el derecho a la verdad, la memoria y la no repetición de violaciones a los derechos humanos, entre otras.

Según el documento, la Comisión estará integrada por el titular de la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, quien la presidirá; los titulares de las Secretaría de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público.
También formarán parte los titulares de las Comisiones Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de la Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), y cinco personas expertas de reconocida calidad moral o prestigio profesional que contribuyan con el objeto de la Comisión.

Plan de atención y reparación

En febrero de 2019, la CEAV presentó un plan de atención y reparación a las víctimas de la violencia política de la época conocida como «guerra sucia», en la década de 1970 y parte de la de 1980, catalogada como «terrorismo de Estado».

Entre las medidas que contemplaba el plan estaba la creación de un mecanismo de investigación independiente, una disculpa pública, la creación de memoriales y la instauración del día nacional para recordar a las «Víctimas de la Guerra Sucia», entre otras.

Esta violencia tuvo lugar principalmente en el entonces llamado Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y en estados del norte del país como Sinaloa, Chihuahua y Nuevo León, o Jalisco en el occidente, aunque especialmente se focalizó en Guerrero (sur), sobre todo en su zona rural.