El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha recibido y admitido a trámite una denuncia por una nueva conculcación de derechos del Estado español. En esta ocasión se trata de una demanda del sindicato de Galiza Central Unitaria de Traballadores (CUT) contra la prohibición de la manifestación que había convocado en Vigo con motivo del 1 de mayo de 2020, a pesar de que iba a adoptar todas las medidas necesarias por el covid.

Consciente de la situación de pandemia a consecuencia del covid-19, la central había comunicado a la Delegación del Gobierno español en Galiza once días antes su intención de organizar una marcha en coche por la citada ciudad, con una única persona por vehículo y con mascarilla. Además, se comprometía a «atender cualquier otra indicación desde el Gobierno o las autoridades sanitarias al ser consciente del contexto sanitario». Se trataba de realizar una movilización el Primero de Mayo en las mismas condiciones en que millones de personas acudían entonces a su puesto de trabajo.

A pesar de ello, la Delegación del Gobierno español en Galiza directamente prohibió la marcha, mientras en otros lugares del Estado se realizaban movilizaciones del mismo corte e incluso alguna manifestación de la ultraderecha.

Esa decisión fue llevada a los tribunales por la CUT, pero fue ratificada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galiza y posteriormente por el Tribunal Constitucional español.

Entonces fue cuando el sindicato decidió acudir a Estrasburgo, que ha admitido a trámite la demanda, en base en la vulneración de los derechos establecidos en los artículos 10 y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de reunión y manifestación.

Tras la admisión de la demanda, el TEDH otorga de plazo hasta el 13 de enero de 2022 para una resolución amistosa entre las partes. De no alcanzarse un pacto, el Estado español tendrá doce semanas para presentar alegaciones antes de que tome una decisión sobre la cuestión en litigio.

Por el momento, ya la admisión a trámite de la demanda de la CUT es todo un logro, ya que solo lo hace con entre el 1 y el 5% de los casos que le llegan. Además, el sindicato ha señalado al respecto que «la admisión a trámite caracteriza a la perfección la farsa institucional existente en el poder judicial del Estado español. El sacrificio gratuito de derechos colectivos en el Estado, lleno de magistrados que son meras correas de transmisión de los intereses de su partido, debe ser otra vez corregido por instituciones externas».