Un cierto estupor sucedió el miércoles tarde a la noticia del acuerdo de los dos partidos del Gobierno español, que la agencia Europa Press tituló así:«PSOE y UP pactan superar la Ley de Amnistía al fijar que el genocidio y tortura en el franquismo no prescriban». Salvo responsables de Unidas Podemos que corrieron a echar las campanas al vuelo, desde colectivos memorialistas y resto de formaciones antifranquistas predominó la prudencia en la valoración, cuando no el escepticismo verbalizado por Gabriel Rufián (ERC): «Es humo».

(Los líderes de UP y PSOE, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, paseando por la sede de la Presidencia española. Foto: Moncloa.es)

¿Supone esto que realmente se van a juzgar los crímenes franquistas impunes? Los deseos y las realidades chocan en este punto. Y rebajada la espuma de lo que sin duda es un paso adelante contra la impunidad y la desmemoria de la llamada Transición y generará debate y tomas de posición necesarias, queda el poso de la cruda realidad. Estos son seis motivos para concluir que no ocurrirá tal cosa:

EL HISTÓRICO: LA TRANSICIÓN INTOCABLE

Las enmiendas de ERC y EH Bildu a esta Ley de Memoria Democrática, frente a esta pactada por PSOE y UP, ponen el acento en el auténtico meollo del asunto. La vía directa para al menos mostrar voluntad de juzgar crímenes franquistas sería la derogación de la Ley de Amnistía que anuló penalmente todos los hechos de intencionalidad política anteriores a diciembre de 1976. Sin embargo, el PSOE no tiene ninguna voluntad de cuestionar uno de los pilares de la Transición que impulsó, y ni siquiera UP según fuentes citadas por ‘El País’ que consideran aquella amnistía como «una gran conquista de los demócratas en aquel contexto».

El método elegido es revelador ya sobre esa falta de intención real: para «sortear» la Ley de Amnistía se ha optado por una coletilla en otra norma al margen, esta de Memoria Democrática, y se ha redactado apelando además a la «interpretación» judicial de la cuestión: «Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables».

EL JURÍDICO: IRRETROACTIVIDAD

Lo anterior aboca claramente, en el caso de que se aprueben la enmienda y la ley, a un conflicto judicial. No hay duda de que recurrirán al Tribunal Constitucional Vox (lo hace siempre) y también el PP. Con ello el TC tendrá que decantarse entre una Ley de Amnistía con 44 años de vigencia y una enmienda algo ambigua en una norma paralela.

La mayoría de los juristas añaden aquí otra «trampa» demasiado evidente: la tipificación internacional de esos delitos de lesa humanidad no fue incluida en el Código Penal español hasta 2004, con lo que se impondría el criterio de irretroactividad y solo podrían perseguirse crímenes franquistas cometidos con posterioridad a esa fecha, un absurdo. (Puestos a dar por bueno el enunciado, después de 2004 sí siguió habiendo torturas impunes, aunque no precisamente franquistas).

EL POLÍTICO: LEY DE SECRETOS

Unidad Podemos llega «virgen» a este debate porque en 1977 todavía le faltaban tres décadas y media para nacer, y además la enmienda no genera contradicciones respecto a su discurso y práctica políticas. Pero en el PSOE sí son muy notorias, así que conviene atender más a los hechos palpables que a este compromiso etéreo. Sin necesidad de regodeares en su defensa a ultranza de la Ley de Amnistía durante estos 45 años, en la actualidad el Ministerio de Presidencia que dirige Félix Bolaños está preparando un borrador de una nueva Ley de Secretos Oficiales. Y en él, como recogió NAIZ recientemente, se plantea levantar solo los documentos protegidos hasta 1968, una fecha escogida casi como excusa porque fue entonces cuando se aprobó la norma franquista de secretos aún vigente.

Así pues, podría darse la circunstancia de que el PSOE aprobara una vía para intentar actuar los crímenes franquistas al mismo tiempo que mantendría secretos documentos esclarecedores sobre, pongamos por caso, los fusilamientos de 1975 o las torturas a Amparo Arangoa, Tasio Erkizia, Andoni Arrizabalaga y tantos otros. Un contrasentido demasiado patente.

EL BIOLÓGICO: LLEGA TARDE

Aun en el caso de que se aceptara una aplicación retroactiva de esta enmienda en marcha, la eventual acción judicial se toparía de frente con el paso de los años: no hay responsables vivos de la matanza de 1936, que hoy serían más que centenarios, y tampoco son muchos los autores de los crímenes de los 60 ó 70 que viven. Por recordar los nombres principales de la cúpula de la represión, Franco murió en 1975, Fraga en 2012, Arias Navarro en 1989, antes Carrero Blanco en 1973. Si se baja otro escalón, al de ejecutores directos, el más nombrado en los últimos años, «Billy el Niño», falleció en 2020.

Ciertamente quedan algunos pocos en los dos niveles: Rodolfo Martín Villa, exministro que tiene 87 años, o Jesús Muñecas Aguilar, el excapitán de la Guardia Civil señalado por las torturas a Arrizabalaga o Arangoa, que suma 82 (en la foto).

EL CORTOPLACISTA: PRESUPUESTOS Y ELECCIONES

El paso de PSOE y UP suena a histórico pero en realidad viene marcado por dos cuestiones muy coyunturales, lo que aumenta las dudas. Una de estas premisas cortoplacistas es la necesidad de aprobar la Ley de Memoria Democrática en la que se inserta la enmienda y la otra es el marco general de la búsqueda de apoyo de ERC para sacar adelante los presupuestos de 2022.

En paralelo, el runrún de adelanto electoral no deja de crecer en las últimas semanas y tanto PSOE como UP parecen implicados en una campaña conjunta, muy lógica, para fortalecer sus dos opciones políticas y con ello tratar de prolongar la coalición otra legislatura, a ser posible sin socios catalanes ni vascos. El impulso público a Yolanda Díaz, con quien no ha dudado en pasearse ante las cámaras su teórico rival Pedro Sánchez, un indicador claro. En este contexto, parece que ambas formaciones han entendido que esta iniciativa puede tener efectos electorales positivos, bien por impulso a las opciones de izquierda o por obligar a las de derecha a quitarse caretas defendiendo la impunidad franquista. Ya lo hicieron antes con la exhumación de Franco.

El desconcierto en este sector lo refleja el diferente tratamiento de la noticia en sus principales diarios de referencia. Mientras ‘Abc’ toca a rebato en su portada (‘El PSOE se pliega ante Podemos y ERC y dinamita el legado de la transición’, con la foto de la votación de 1977 y Felipe González en primer plano), ‘El Mundo’ y ‘La Razón’ optan por perfil bajo. En cualquier caso, los tres coinciden en que la iniciativa no tendrá efecto práctico.

Y UN DOBLE EPÍLOGO VASCO

A todo este cuadro conviene añadirle un par de matices desde Euskal Herria, donde las décadas no han pasado en balde. De hecho, la amnistía (no exactamente esa ley) fue una demanda popular arrolladora entre 1975 y 1977, con la sangrienta semana pro-amnistía o la Marcha de la Libertad como ejemplos, pero con el tiempo ha emergido la concepción de que aquella norma sacó a la calle a los presos antifranquistas pero fue promulgada realmente con el objetivo principal de proteger a los no-presos franquistas.

Visto cómo se las gasta la Audiencia Nacional heredera directa del TOP franquista, que sigue persiguiendo atentados de ETA de finales de los 70 torpedeando los plazos de prescripción, quizás haya que tomarse algo en serio la pregunta lanzada por el portavoz del PP Francisco Hernando nada más conocerse esta enmienda: «¿Se perseguirán los crímenes de ETA, Grapo o FRAP amnistiados?». Por si acaso, la Audiencia Nacional lleva tiempo sondeando la calificación de ETA como autora de «delitos de lesa humanidad» y el Memorial recién creado ha abierto una línea de discurso que le acusa de «torturar».

Por otro lado, para el independentismo de izquierdas la prioridad remarcada en este momento histórico es vaciar las cárceles, para lo que existen vías como la aplicación de la legalidad ordinaria o la introducción del prisma de la justicia transicional. Y aquí aflora otra ley que combatir prioritariamente, sin duda como mayores efectos a futuro en Euskal Herria: la 7/2003 con la que el Gobierno Aznar estiró los cumplimientos de condena de cárcel hasta los 40 años.