El juez federal Martín Bava ha procesado este miércoles al ex presidente argentino Macri acusado de espionaje ilegal. El exmandatario habría espiado a los familiares del submarino ‘ARA San Juan’, que se hundió en 2017. El juez ha procesado a Macri sin decretar prisión preventiva. Sin embargo, los bienes del expresidente, valorados en 100 millones de pesos (unos 875.000 euros), han sido embargados y se le ha prohibido tanto salir del país como ausentarse de su domicilio por más de 10 días.

El juez ha decidido procesar a Macri alegando haberlo encontrado «penalmente responsable» del espionaje ilegal. Concretamente, de la «realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal, generado las condiciones para que se pudieran llevar a cabo, almacenado y utilizado datos sobre personas» por el solo hecho de sus acciones privadas, sus opiniones y por la actividad lícitas que llevaban a cabo.

Sin embargo, el espionaje ilegal no es la única acusación que recae sobre Macri, ya que le han responsabilizado de un presunto «delito de abuso de autoridad de funcionario público en carácter de autor».

La prohibición de salir del país se efectuará tan pronto como Macri regrese a Argentina, ya que en estos momentos se encuentra en Chile.

El espionaje del que le acusan, realizado entre diciembre de 2017 y finales de 2018, estaría encaminado, según la investigación judicial, a obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los 44 tripulantes del ‘ARA San Juan’, el submarino de la Armada argentina que desapareció en 2017 y fue hallado hundido un año después.

«Esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento del referido submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno», alega el auto de procesamiento.

El juez sostiene que estas tareas de inteligencia ilegal «no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional».

Según el juez, esas acciones se realizaron con el único objetivo de «influir en la opinión pública, en la opinión de esas personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año, que según los criterios preestablecidos podían afectar a la gestión del entonces gobierno que el imputado encabezaba».

Macri, por su parte, ha negado todas las acusaciones.